El referente europeo (IV): Del contubernio de Múnich a la Transición

El acontecimiento más importante protagonizado por los europeístas españoles es sin duda lo que la prensa del régimen denominaría el «Contubernio de Múnich». El IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en junio de 1962, supuso para la oposición al régimen la oportunidad de unir en un mismo foro a exiliados y opositores del interior bajo la bandera europeísta. La invitación de Maurice Faure a la participación de miembros de la AECE y del Consejo Español del Movimiento Europeo daría la oportunidad de encontrarse a los dos focos de la oposición, al tiempo que les proporcionaba una ocasión para el contacto con autoridades europeas con vistas a la discusión del futuro de España en Europa. Junto con miembros de estas dos agrupaciones, participarían en el Congreso representantes de grupos católicos y monárquicos como Unión Monárquica, así como la Democracia Cristiana de Gil Robles o el Partido Social de Acción Democrática de Dionisio Ridruejo. Entre los exiliados se contaría a socialistas, republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. En total fueron 118, con una correlación aproximada de dos miembros de la oposición interior por cada representante de la oposición en el exilio, los asistentes españoles que impulsaron la aprobación de una breve resolución que llegaría a tener una enorme importancia para la evolución política de España:

El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio de 1962, considera que la integración de todo país en Europa, sea bajo la forma de adhesión, sea bajo la forma de asociación, exige en cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que, en el caso de España y de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, significa:

1. El establecimiento de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno se basa en el consentimiento de los ciudadanos.

2. La garantía efectiva de todos los derechos de la persona humana, especialmente los de libertad individual y de opinión, y la supresión de la censura gubernativa.

3. El reconocimiento de la personalidad de las diversas comunidades naturales.

4. El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y la defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios, por la huelga.

5. La posiblidad de organizar corrientes de opinión y partidos políticos, así como el respeto a los derechos de la oposición.

El Congreso expresa la profunda esperanza de que la evolución consecutiva a la aplicación de los puntos anteriormente enunciados permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial. Y toma nota de la firme convicción expresada por todos los delegados españoles presentes en el Congerso, de que la inmensa mayoría del pueblo español desea que esta evolución se lleve a cabo según las reglas de la prudencia política, tan rápidamente como las circunstancias lo permitan, con sinceridad por parte de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia activa o pasiva, antes, durante y después del proceso evolutivo.

El texto resulta significativo por cuanto tiene de programático de la manera en que finalmente, trece años más tarde, acabaría desarrollándose el proceso de transición a la democracia. En efecto, aunque la Transición española tuvo lugar en un clima que en ocasiones fue de fuerte tensión, las principales fuerzas políticas mostraron como norma general la voluntad de alcanzar un consenso para el establecimiento de instituciones representativas a través de un procedimiento pacífico y consensuado, sin perjuicio de que este estuviera plagado de dificultades ni de que el acuerdo en torno a determinados puntos resultase especialmente difícil. Con todos los defectos que puedan achacársele, el cambio de régimen se produjo bajo el impulso de un acuerdo básico entre representantes de un amplio espectro ideológico –diversidad que, con la excepción del PCE, ya estaba presente en Múnich– y llevó finalmente al establecimiento de un régimen basado en unas instituciones representativas, el reconocimiento de las libertades y derechos fundamentales, individuales y colectivos, el establecimiento de un sistema de partidos y la creación del Estado de las Autonomías, que vino a dar forma –más o menos satisfactoria según las opiniones– a un reconocimiento de la pluralidad existente dentro del territorio español.

Otro asunto de enorme importancia que se discutió en esta reunión fue la disyuntiva entre Monarquía y República como regímenes idóneos para el establecimiento de la democracia en España. Frente a la defensa que hizo Satrústegui de la monarquía constitucional como medio para superar las divisiones inherentes a la Guerra Civil, los socialistas representados por Rodolfo Llopis se declararían incondicionalmente republicanos–en la teoría. En la práctica, aquella afirmación de principios era tan «incondicional» que accederían tácitamente a la posibilidad monárquica al asegurar que si la monarquía lograse el establecimiento de la democracia en España el Partido Socialista la apoyaría. Sobran los comentarios acerca de la importancia que llegaría a tener esto en un futuro.

En Múnich se alcanzó pues un consenso entre las diversas fuerzas de la oposición no sólo en cuanto a la postura que se mantenía ante el régimen y su situación en Europa, sino también en lo referente al futuro que se deseaba para España. Además, la represión que desencadenó el régimen contra los culpables de aquella «traición» provocó una fuerte reacción en Europa que vendría a perjudicar los intereses de política exterior del régimen y afectaría muy negativamente a una imagen ya de por sí bastante opaca. El trato dado a los participantes en el Congreso de Múnich por el gobierno franquista confirmaría definitivamente que su «vocación europea» no pasaba de ser una cuestión de interés económico, y que no existía voluntad alguna por parte de sus máximos dirigentes de poner en marcha desde el poder una evolución de las instituciones políticas encaminada a la apertura democrática.

Por otra parte, el crecimiento económico que el propio régimen había hecho posible –en conjunción con otra serie de circunstancias– al impulsar el Plan de Estabilización (1959) terminaría por volverse en su contra al provocar una paulatina modernización de la sociedad española en el transcurso de la década de los sesenta. De la mano del crecimiento económico vinieron la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media, las primeras señales de emancipación de la mujer, el boom del turismo extranjero… Todos aquellos cambios sociales generarían unas condiciones que propiciaron la identificación de los españoles con el mundo que se situaba al otro lado de los Pirineos, cuya cultura empezaría a invadir el país hasta convertir el europeísmo en una nueva moda. En palabras de Crespo Maclennan:

A medida que el nivel socioeconómico español se homologaba con el de Europa, los españoles no sólo fueron expuestos a la forma de vida de Europa occidental, sino que comenzaban a admirar sus instituciones y cultura política. El resultado de este fenómeno es que muchos que habían apoyado al régimen por los logros económicos que había traído comenzaron a verlo como un obstáculo para el futuro del país.

Incluso dentro de las elites franquistas comenzarían a aparecer voces disidentes, en buena medida surgidas por un desacuerdo respecto a la política europea del régimen y su negativa a evolucionar en la dirección política requerida para participar de la construcción europea. Que un personaje como José María de Areilza, firme defensor del régimen y diplomático del mismo, terminase por convertirse en opositor monárquico resulta significativo. En efecto, Areilza había intentado desde su puesto de embajador en París impulsar una reforma política que hiciese posible el éxito español en Europa, pero los hechos que siguieron al Congreso de Múnich terminarían por hacerlo dimitir de su cargo en 1964, pasando a formar parte del consejo privado del conde de Barcelona.

Por otra parte, la Ley de Prensa impulsada por Fraga en 1966 permitió una vía de difusión para las ideas europeístas asociadas a la democracia. Desde los Cuadernos para el diálogo creados por iniciativa de Ruiz Giménez se propagaría una crítica sistemática al régimen y se insistiría en la imposibilidad de aspirar a una plena integración en Europa sin ser antes un país democrático. A esto vendrían a sumarse los efectos de agudización de la polémica que tuvo la firma del tratado preferencial con la CEE en 1970. Lo que el régimen quiso vender como un éxito diplomático supo a poco a prácticamente toda la oposición, que insistiría en la necesidad de una reforma democrática para hacer posible una plena participación en el proceso. Cuando en 1973, tras la ampliación a la Europa de los nueve, se hizo necesaria la renegociación del tratado, la creciente represión de estos años y las presiones que desde la oposición en el exilio se ejercían en contra de la negociación con la España de Franco dificultarían enormemente el proceso. En los últimos años del régimen, el fracaso ante Europa convertía la temática europea en pretexto habitual para la organización de actividades antifranquistas, vinculando así con una mayor fuerza aún el movimiento europeísta y el opositor.

Este tramo final de la vida del régimen vería el nacimiento de un nuevo grupo que habría de jugar un papel importante en la Transición, al tiempo que se producía un importante viraje entre la oposición comunista que facilitaría también el paso a un régimen democrático. El nuevo grupo opositor, en el que se daban cita de manera muy clara el europeísmo y la voluntad de propiciar un cambio democrático, era el grupo Tácito, fundado en 1973 por una serie de personajes relativamente jóvenes pertenecientes a la cúpula del régimen y simpatizantes por lo general con posturas democristianas. Su objetivo declarado era propiciar la reforma desde el interior como medio para garantizar el acceso a un régimen democrático y la posterior proyección europea de España. Para ellos, ambas cosas estaban intrínsecamente ligadas:

Para nosotros la tarea principal en la proyección exterior de nuestro país es la integración en la CEE. Estamos preocupados por las consecuencias de un aislamiento de los Nueve a medida que estos adquieren mayor cohesión. Todos sabemos que la Comunidad y varios ministros de exteriores se oponen al ingreso por razones políticas. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Hay realmente intención de homologar nuestras instituciones con las de la Comunidad?

La otra transformación importante de estos años afectó a la actitud del Partido Comunista, que no había sido invitado a participar en el Congreso de Múnich por no tratarse de un grupo de ideología europeísta (si bien envió dos observadores). El giro de Santiago Carrillo en pro de la línea eurocomunista y el alejamiento que esto conllevaba de la línea prosoviética se materializarían en el octavo congreso del partido en el exilio (París, 1972), en el que el partido decidió apoyar la integración de España en la CEE una vez que se hubiese establecido en el país una democracia. Así, aunque se cosiderase que la CEE era una estrategia de los capitalistas para proteger sus intereses, la conciencia de que la integración económica en Europa beneficiaría también a los trabajadores españoles se impuso, al tiempo que lo hacía también la importancia que había cobrado el europeísmo como herramienta de oposición al régimen y aglutinante entre quienes luchaban por la liquidación del mismo. Con la adopción por parte del PCE de un compromiso europeísta, se completaba el espectro de fuerzas políticas españolas que tendrían un papel activo en la Transición. En 1975, el disidente monárquico Calvo Serer pactaba con los comunistas la creación de una Junta Democrática.