Archivo para 25 mayo 2011

Impresiones sobre el 15-M

Lo primero que hay que decir es que motivos hay. A patadas. Este país nuestro se enfrenta a una coyuntura económica terrible, particularmente para una sociedad que en las últimas décadas ha vivido alegremente por encima de sus posibilidades, entregada a una ceguera colectiva voluntaria de la que han sido culpables tanto la clase política como –no nos engañemos– una población que se ha dedicado irresponsablemente a endeudarse más allá de todo límite razonable en la creencia absurda, y azuzada desde los puestos de (ir)responsabilidad política y financiera, de que la prosperidad no tenía fin. El espejismo se ha acabado y la crisis internacional se ha encargado de señalarnos que el rey estaba desnudo. Y lo que supone un agravio aún mayor: quienes más duramente están sufriendo –y van a sufrir– sus efectos son los miembros de una generación que poco o nada ha tenido que ver en la gestación del drama y que ahora ve cómo sus expectativas más básicas –las de labrarse un futuro– se le cercenan antes de arrancar. Ser joven en España es, en efecto, una putada. Y no sólo porque la cosa sea difícil a día de hoy, sino porque verdaderamente –o esa es, al menos, la percepción– no se divisa un futuro que no consista en seguir viviendo de papá y mamá, aplazando sine die la posibilidad de forjarse una vida propia. Como apuntó Felipe González, para la juventud española el problema es más de expectativas que de nivel de vida. A todo ello se suma la percepción –más o menos acertada– de que, mientras nosotros pagamos la crisis, el poder político se dedica a rescatar amablemente a las entidades bancarias que no han hecho sus deberes.

No hay duda de que esta coyuntura es la que ha puesto de relieve las grietas y defectos del sistema institucional. No en vano, en tiempos de bonanza eran pocas y aisladas las voces que se quejaban del excesivo peso de los aparatos burocráticos de los partidos; de la falta de una auténtica separación de poderes; del cierre a nuevas opciones políticas que supone la legislación electoral vigente; de la sectaria, estéril y a menudo anecdótica lucha partidista en que se había encerrado el debate público español; de los niveles de extensión y de descaro de la corrupción y el chanchullo; de los gastos inútiles de las administraciones públicas y de otros tantos problemas ante los cuales la indignación es, más que meramente comprensible, inevitable. De un grado de podredumbre, en definitiva, que nos retrata como democracia relativamente sólida pero aún joven, con unas carencias en la cultura política que hasta el más lego en la materia puede detectar aun de manera meramente intuitiva. Todo eso estaba ya ahí, pero han sido los niveles de desempleo, precariedad laboral y parálisis económica sin expectativas de mejora los que han lanzado a la gente a la calle. Lo demás, no nos engañemos, importa poco al grueso de la población mientras viva razonablemente bien.

En estas condiciones, lo raro no es el estallido de ira popular. Lo verdaderamente inconcebible era que no hubiera ocurrido antes. En este sentido, vayan por delante dos cuestiones. La primera de ellas, que el silencio del que hemos estado rodeados hasta ahora obedece entre otras cosas a la inmovilidad manifiesta de los agentes tradicionales de movilización social en este país: los sindicatos mayoritarios que, vendidos al partidismo más lamentable y reacios a enfrentarse a un gobierno que no sea de derechas, se han negado pese a la creciente insostenibilidad de la situación económica y social a promover actos enérgicos y de envergadura en contra de un equipo gubernamental que ha reaccionado a la crisis con una mezcla de miopía, cinismo político e incompetencia verdaderamente indigna de la mejor tradición de la socialdemocracia española. La segunda, íntimamente ligada a la anterior, es que a nadie con un mínimo de conocimiento de cómo funciona la política en este país se le escapa la realidad francamente indecente de que, de haber sucedido todo esto bajo un gobierno del Partido Popular, no estaríamos ante movilizaciones globales “contra los vicios del sistema”, sino ante una ofensiva antigubernamental en toda regla que, además, habría arrancado mucho antes y bajo la iniciativa y liderazgo de los sindicatos y de la oposición de izquierdas. Sencillamente, no habría habido lugar para movilizaciones populares promovidas por un grupo heterogéneo de ciudadanos cabreados, pues el descontento se habría encauzado desde otros lugares. Negar esto es, en el mejor de los casos, un ejercicio de ceguera; en el peor, una mentira sin escrúpulos.

Dicho esto, los acontecimientos del 15-M y días posteriores, y la envergadura que han llegado a cobrar en los momentos –tan efímeros– de mayor éxito han sido acogidos con sorpresa por la práctica totalidad de la sociedad y han generado en muchos una impresión ambivalente. De un lado, suponían un soplo de aire fresco, siquiera fuera porque ha sido la primera vez que hemos presenciado cómo desde la sociedad civil, sin la mediación de partidos ni sindicatos, se organizaba una movilización social de tal calibre. No se trata, desde luego, de magnificar su importancia; pero minimizar la novedad del hecho sería igualmente absurdo. La segunda sorpresa, grata para la mayor parte de la opinión pública, ha sido el grado de civismo que han mostrado las acampadas –dentro, al menos, de lo cuestionablemente cívico que resulta para muchos la ocupación de la vía pública porque sí–. Tengo la impresión de que ambas cosas han contribuido a que en los momentos iniciales del fenómeno este se atrajera un apoyo amplio y variopinto de buena parte de la sociedad española, aunque por motivos diversos y guiados por interpretaciones divergentes de lo que estaba sucediendo. Y creo que a esta captación de apoyos contribuyeron un factor externo y otro interno. El primero, los errores tácticos de las instituciones y fuerzas de seguridad, que procedieron en primer lugar al empleo de la fuerza para desalojar a quienes –o así se ha percibido– estaban actuando de manera pacífica; y, posteriormente, a la declaración de ilegalidad de las concentraciones con el argumento, francamente irrisorio en plena campaña electoral, de que “la petición del voto responsable” podría influir en los resultados de las elecciones. El segundo factor, de orden interno, ha sido precisamente la indefinición de las reclamaciones: durante varios días, ha estado extendida la impresión de que las movilizaciones eran una manifestación de la indignación popular ante una situación insostenible, sin que los medios acertasen a desvelar cuáles eran exactamente las propuestas o reivindicaciones planteadas por los llamados “indignados”. La incapacidad para definir unas propuestas concretas ha estado, sin duda, en el punto de mira de muchas de las críticas más ponderadas, pero a pesar de ello creo que en un principio hicieron más bien que mal al movimiento, al que muchos concedieron el beneficio de la duda hasta ver en qué quedaba, al tiempo que muchos otros, empatizando con el cabreo generalizado, apoyaban activa o pasivamente a esas concentraciones que, dado lo etéreo del mensaje, permitían y aun fomentaban interpretaciones de lo más variopintas. Así, se han oído todo tipo de definiciones sobre lo que era aquello: los antisistema de siempre, una movilización de izquierdas que buscaba el fin de los recortes, o un simple movimiento de regeneración democrática. Todas las interpretaciones eran válidas, precisamente, porque ninguna era oficial.

¿Pero quiénes eran/son realmente los “indignados”? Aparte las causas profundas, en el origen inmediato de todo esto ha estado la convocatoria de una manifestación para el día 15 de mayo, promovida por la plataforma Democracia Real Ya. Convocatoria realizada mediante un manifiesto de contenidos vagos e indefinidos, aunque de cariz claramente anticapitalista a pesar de su aseveración de que entre las adhesiones había unos más progresistas, otros más conservadores; unos creyentes, otros no; unos [con] ideologías bien definidas, otros […] apolíticos. Contribuían a evidenciar la adscripción ideológica de los convocantes el listado de adhesiones, por un lado; y, por otro, las propuestas que presentaban a modo de medidas para solucionar la situación. Pero no era ya la filiación ideológica el problema, sino otras dos cuestiones verdaderamente graves para quienes, al recibir la convocatoria, la examinaran con cierto espíritu crítico: en primer lugar, lo extenso de las reivindicaciones, que contienen más bien un programa político propio de un partido que una reivindicación clara y precisa; en segundo lugar –y lo que es aún más grave–, la evidente falta de formación, conocimiento, datos, estudio y análisis que se traslucía en aquel listado de propuestas. Sin ser economista, basta con un vistazo al apartado económico para comprobar lo disparatado de unas medidas que parecían basarse en lo bonitas que suenan algunas propuestas más que en un análisis de sus probables consecuencias; sin ser abogado ni politólogo, salta a la vista que medidas como la equiparación de los salarios de los políticos al salario medio español o la prohibición de llevar en las listas de los partidos a imputados deben mirarse, como mínimo, con cierta circunspección y escepticismo por cuanto no es del todo descabellado que contribuyesen a una mayor degeneración del sistema político y no, como aseguran sus proponentes, a su limpieza y regeneración. Faltaba, en definitiva, un acercamiento siquiera mínimo y superficial a la abundantísima literatura que los científicos sociales llevan décadas produciendo en torno a las cuestiones que con tanta ligereza se abordan en el texto. Es, en el fondo, ese espíritu tan ibérico de “no somos expertos, pero somos el pueblo y esto lo arreglamos en un momento si nos dejan”. Al igual que ocurre con la Historia y, si me apuran, incluso con la Medicina, todo español de a pie se erige en un momento en economista, abogado y politólogo. Y nos quedamos tan anchos.

Por si tamaño desbarajuste fuera poco, en la ejecución real de la convocatoria, y sobre todo en el movimiento de acampadas y concentraciones que le siguió –sorprendiendo más que a nadie a sus propios organizadores– confluyeron no sólo los miembros y los apoyos (de por sí heterogéneos) de Democracia Real Ya, sino otra serie de iniciativas de diverso cuño que, o bien se le unieron y confundieron desde un principio, o bien se sumaron al carro una vez echado a rodar y visto el inesperado éxito de su andadura. El caso más conocido, y el que más se ha fundido con la convocatoria desde el comienzo, es el de la iniciativa No les votes que, según parecen ignorar muchos, nació directamente vinculada a la protesta que encabezaron determinados gurúes contra la aprobación de la llamada Ley Sinde; una ley, dicho sea de paso, de la que se podrá opinar lo que se quiera, pero que resulta difícil entender que se entremezcle entre los temas fundamentales de la política nacional y de la situación económica. No cabe duda, en este sentido, de que la distorsión de las preocupaciones y necesidades reales del grueso de la población que propicia el realizar cualquier convocatoria primordialmente desde Internet y las redes sociales. No, internautas, no: el grueso de la población española no tiene como preocupación fundamental que cierre o no Seriesyonkis.

Y a este magma de por sí indefinido se fueron sumando otros colectivos. Cualquiera que haya paseado por las acampadas se habrá dado cuenta de la diversidad de quienes se encontraban allí: junto a los grupos ya mencionados, aparecían como era de esperar los clásicos antisistema, embarcados en su lucha por derribar todo un sistema sin tener muy claro con qué sustituirlo; el perroflautismo habitual convencido de que con huertos ecológicos urbanos y biodanzas se pueden solucionar los problemas del país; los adeptos del movimiento okupa, para los que cualquier excusa es buena para adueñarse de espacios que no son suyos; y un nutrido grupo de gente de lo más variopinta.

¿Había/hay gente sensata? Pues sí, y en absoluto son pocos, a pesar de lo que pueda parecer. Son los que entienden y lamentan que esto se les ha ido de las manos. Algunos de ellos, que al menos hacen gala del más elemental sentido común en términos de estrategia, han optado por promover la adhesión a un mínimo común reivindicativo que pueda atraer el mayor número de apoyos posibles entre la sociedad española. Son, a grandes rasgos, los defensores de los tres o los cuatro puntos básicos, que probablemente tengan a su vez más de una variante. Es la estrategia más sensata por cuanto, en efecto, se basa en la búsqueda de unas reformas limitadas y no en la subversión del sistema y, al mismo tiempo, deja de lado el aspecto económico (al menos en líneas generales), lo que podría servir para atraerse a sectores descontentos de la derecha. Hay, con todo y a mi juicio, dos graves limitaciones a las que tendrán que enfrentarse quienes defienden este modo de proceder.

En primer lugar, que pretender hacer creer que el movimiento es y ha sido desde un principio una iniciativa desprovista de un posicionamiento ideológico es falsear la realidad y, muy probablemente, perder apoyos entre las bases iniciales. Esto, de hecho, ya está ocurriendo: basta indagar un poco para darse cuenta de que la fuerza que pudiera dar la unión se está cayendo por su propio peso al salir a la luz las enormes divergencias entre unas concepciones y otras. Quienes quieren cambios limitados y desprovistos de carga ideológica puede que constituyan un grupo bastante amplio dentro del conjunto de la sociedad española, pero son sin lugar a dudas el grupo menos activo –o, como mínimo, el menos visible– dentro del conjunto de los realmente movilizados. Por ello mismo, y porque resulta imposible borrar la impresión que se ha ido transmitiendo, resulta poco probable que la “gente de bien” de la derecha moderada vaya a unirse a un movimiento que en sus momentos iniciales apareció como netamente de izquierdas y que, ahora que decaen las acampadas y sólo quedan los afines a la calle de siempre, aparece directamente como una muestra más de un perroflautismo con el que pocos comulgan.

En segundo lugar, que incluso en estas propuestas, más acertadas a mi juicio desde el punto de vista de la estrategia política y de captación de una base de apoyos lo más amplia posible, adolecen de la misma falta de conocimiento y análisis detallado que se percibía en las propuestas iniciales de Democracia Real Ya. Hablar de “reforma de la ley electoral” sin explicitar qué reforma se busca es casi tanto como no decir nada. Y los términos mismos en los que se redactan las propuestas, repitiendo mantras como “listas abiertas” y “circunscripción única” de la forma tan simplificadora en que se han visto utilizados estos términos en los últimos días genera sinceras dudas acerca del grado de conocimiento de estos problemas que tienen quienes dicen querer solucionarlos.

Me gustaría apuntar, por último, que hay una afirmación que resulta falta por mucho que se repita. No es cierto, en última instancia, que los políticos sean una clase aparte, distinta de los demás, nada que ver con la población de esto que (algunos) llamamos España. La corrupción y el chanchullo, la búsqueda de formas de burlar la legalidad y evadir al fisco, eso que muchos llaman incluso con admiración picaresca, están a la orden del día. Se habla de la evasión fiscal por parte de las grandes fortunas, pero nadie parece recordar que eso es exactamente lo mismo –aunque a otra escala– que practican el fontanero que viene a arreglarnos el lavabo y nos pregunta si queremos la factura con IVA o sin IVA o el padre de familia que no declara todos sus ingresos y consigue así que a sus hijos les den becas que no les corresponderían porque están pensadas para quienes de verdad las necesitan. Se habla del sectarismo y partidismo atroz de los partidos políticos, pero las reacciones tan “democráticas” del personal a los resultados electorales del domingo (idénticas, aunque de signo opuesto, a las de 2004 ó 2008) dan buena fe de que ese sectarismo es ampliamente asumido por la sociedad española. Se habla de muchas lacras que se atribuyen a la clase política y, en términos más amplios, a los poderosos, olvidando con demasiada frecuencia y con sospechosa facilidad que esa clase política es, en buena medida, fruto y reflejo del país que tenemos.

¿Hay futuro? Parece difícil. Hay problemas por resolver y hay, desde luego, un espíritu salvable dentro de todo esto. Hay gente sensata y preocupada de verdad, que honradamente cree en la necesidad de lograr el apoyo popular a unas medidas cuya introducción sólo se podría lograr (y esto en el más optimista de los casos) mediante una presión social fortísima que obligase a los partidos a incluirlas en sus programas. Hay una capacidad para la movilización desde la sociedad civil, favorecida ahora por tecnologías de las que antes no se disponía, que a muchos nos ha devuelto la ligerísima esperanza de que tal vez este país, de vez en cuando, sea capaz de movilizarse sin que medien los partidos y sindicatos de turno con sus respectivos intereses. Pero faltan muchas cosas, y algunas de las que me parecen más evidentes ya las he apuntado aquí. Por todo ello y por otras causas que sin duda se me escaparán, la indignación no es suficiente.


La abajo firmante

CONTRATO ÚNICO INDEFINIDO

UN CONTRATO PARA EMPLEARLOS A TODOS. Firma por el contrato único contra la dualidad y la precariedad en el mercado de trabajo.


A diferencia de la memoria, que se confirma y refuerza a sí misma,
la Historia incita al desencanto
con el mundo.
(Tony Judt)


Quien dice Historia dice sacrilegio.
(Tzvetan Todorov)


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