Archive for the 'Política' Category

Reflexiones sueltas sobre violencia doméstica

En la tarde de ayer, Toni Cantó publicó en Twitter una serie de cifras sobre violencia de género y denuncias falsas que le había proporcionado la asociación FederGen (Federación de Afectados por las Leyes de Género). Muy pronto quedó claro que los datos no se correspondían con la realidad, y a las cuatro horas el diputado pidió disculpas. Como es habitual, el asunto pronto se convirtió en El Tema de Conversación de la tarde-noche, en uno de esos ciclos que habitualmente duran un máximo de un par de días y luego se esfuman hasta ser sustituidos por la siguiente barbaridad que suelte algún político, el último meme rocambolesco o los comentarios relativos al Partido del Siglo de cada fin de semana. En cualquier caso, y más allá de Cantó, todo ello dio lugar a bastantes conversaciones sobre la cuestión de la llamada “violencia de género”*.

Si introduzco eso de “llamada” en la frase anterior, es por algo. La denominación se corresponde con una determinada conceptualización de la violencia doméstica dirigida contra la mujer, y con la presunción de que existe un mecanismo causal: la construcción social de las identidades de género (masculino y femenino) que establece una jerarquía basada en el principio de dominación masculino. Dicho en otras palabras, estamos ante la idea, ampliamente asumida en el discurso mediático y político dominantes, de que la violencia doméstica contra la mujer se produce como consecuencia del machismo. En esta idea se basan todas nuestras políticas en el ámbito de la violencia contra la mujer, tanto las desplegadas a través de campañas publicitarias que se dirigen fundamentalmente a atacar planteamientos machistas como la aprobación de legislación que establece una discriminación penal para los mismos delitos en función de si estos los comete un hombre o una mujer.

Sin embargo, y pese a los recursos invertidos y a la centralidad de este problema en la agenda política y mediática, resulta inquietante comprobar que, año tras año, la incidencia de este tipo de violencia no parece disminuir.

Fuente: FEDEA. Datos del Instituto de la Mujer.

La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó a finales de 2004, hace más de ocho años. Desde entonces, no se observa ninguna tendencia significativa (ni positiva ni negativa) en la evolución de los datos. No es, tampoco, el primer esfuerzo que se hace en esta materia en España. En este estado de cosas, parece no sólo legítimo, sino necesario y perentorio, plantearse si existe la posibilidad de que nos hayamos equivocado en el diagnóstico y estemos, por ello, aplicando políticas ineficaces. En principio, uno pensaría que quienes más activamente denuncian la violencia contra la mujer serían los primeros en cuestionar la eficacia de las políticas y los planteamientos actuales. Sin embargo, esto no sucede. No sólo eso, sino que existe un considerable tabú (que a menudo se traduce en autocensura) en esta delicada cuestión, dado que manifestar una posición crítica supone exponerse a ser tachado de machista, “falto de sensibilidad” y otras lindezas. Resulta francamente misterioso que quienes más preocupados dicen estar por la violencia que sufren las mujeres sean quienes menos interés tienen en examinar si nuestras políticas están errando el tiro.

Como sabrá el lector, carezco de las credenciales para hacer un diagnóstico sobre las causas del maltrato hacia la mujer; las intuiciones que tengo son eso, meras intuiciones. Ahora bien: ello no implica que no pueda someter a escrutinio la explicación oficial, particularmente cuando las políticas que de ella se derivan no parecen surtir efecto. Yendo al origen, parece pertinente cuestionar la presunta relación causal entre machismo y violencia doméstica contra la mujer. Es esa relación, que se da por hecha, la que está en la raíz misma de que hablemos de “violencia machista” o “violencia de género”. Para examinarla, me he tomado un ratito para cruzar algunos datos en la cutre-gráfica que sigue:

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En la escala horizontal se encuentra el Índice de Potenciación de Género (datos de 2006, páginas 367 y siguientes), que mide el nivel de participación de las mujeres en la sociedad a través de varios indicadores. Así, aunque hay otras medidas posibles y cuantificar el machismo es un asunto complejo, nos ofrece al menos una primera aproximación; a mayor sea el valor de este índice, presumiblemente será menor el machismo. En el eje vertical, el número de mujeres asesinadas por sus parejas por cada millón de mujeres mayores de 14 años (también 2006, página 88). Los países los he elegido, básicamente, en función de la disponibilidad de datos y procurando que no se trate de culturas demasiado ajenas a la nuestra. Como podéis comprobar en la gráfica, y a tenor de esta aproximación, no parece que haya una correlación clara entre ambos fenómenos. Aunque no he elaborado una gráfica, ocurre algo similar con el Índice de Desarrollo de Género. Huelga decir que nada de esto excluye que el machismo pueda ser un factor entre otros muchos; después de todo, es poco probable que el fenómeno sea unicausal. Ahora bien, la centralidad del machismo, tomado como elemento explicativo prácticamente único, parece que la ponen en duda los datos de los que disponemos. Esto es algo que, como mínimo, debería hacernos reflexionar.

Por último, quería añadir un par de apuntes. El primero es relativo a la cuestión de las falsas denuncias. La conclusión que saco tras hacer algunas búsquedas es que no tenemos, a día de hoy, datos fiables sobre esta cuestión. Ayer se difundió mucho en Twitter un informe de la Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, junto con la conclusión de que sólo un 0,014% de las denuncias son falsas. Sin embargo, un simple vistazo a la metodología empleada para detectar qué denuncias son falsas deja claro que el informe tiene un valor nulo a la hora de medir la incidencia del fenómeno. La Fiscal asegura que el alto porcentaje de casos sobreseídos o sin condena se ha interpretado erróneamente como señal de que se trataba de denuncias falsas, cuando en muchos casos se trata más bien de ausencia de pruebas. Hasta aquí, el argumento puede sostenerse; el problema estriba en que, a continuación, se viene a sugerir que para lo que  hacen falta pruebas es para aseverar que una denuncia ha sido falsa. El rasero es curioso, como lo es la metodología (véanla ustedes: páginas 642 y siguientes). La única conclusión que creo posible extraer, a día de hoy, es que sencillamente no estamos en condiciones de dar datos sobre el grado de incidencia de las denuncias falsas. Como otros, este es un tema que probablemente merezca nuestra atención, ya sea por la necesidad de desmentir o de confirmar de forma convincente la existencia y/o extensión del fenómeno. Para dilucidar si este es un problema que debe preocuparnos, se impone la necesidad de contar con estudios serios y datos fidedignos.

El segundo y último apunte se refiere a la relevancia mediática del asunto. Prácticamente no hay semana en que no nos desayunemos alguna mañana con una noticia sobre una mujer asesinada. Ello sugiere que existe un desequilibrio considerable entre la incidencia estadística de la violencia doméstica hacia la mujer y su presencia mediática en comparación con otras muchas tragedias. En 2011, murieron asesinadas por sus parejas 66 mujeres. El mismo año, hubo 1088 fallecidos en accidentes de tráfico. Por otra parte, la incidencia de la violencia sobre la mujer en España es relativamente baja en comparación con los países de nuestro entorno. Aunque nada de ello detrae de la importancia del problema, sí que lleva a preguntarse si la alarma social generada en torno a este asunto se corresponde con la incidencia real del fenómeno, y si un país como España tiene motivos para esa autoflagelación colectiva a la que tan dados somos.

* He obviado durante todo este post mis objeciones lingüísticas y estéticas a este horrendo anglicismo, pero declaro solemnemente, y para que conste en acta, que no las olvido 🙂

(Aviso: dado que este debate es sensible y a menudo genera reacciones no del todo civilizadas, no tendré reparo alguno en borrar cualquier comentario que pretenda abordar este asunto con un ad hominem.)

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Por un contrato único indefinido

La gente de Politikon lanzó ayer una campaña en favor del contrato único indefinido.

No es ninguna solución mágica, no acabará en sí mismo con el paro y no va a conseguir que de la noche a la mañana vivamos en el mejor de los mundos posibles. No obstante, el sistema de indemnizaciones crecientes acabaría con la dualidad de un mercado laboral en el que siempre salen (salimos) perdiendo determinados sectores (muy especialmente, los jóvenes), facilitaría el paso a un modelo productivo menos dependiente de contrataciones temporales de personal poco cualificado (como la hostelería o el turismo) y permitiría caminar hacia un modelo de mercado laboral en el que no se destruyera empleo al ritmo absolutamente demencial (y sin parangón) al que ocurre actualmente en España en cuanto hay una situación recesiva. Y no sólo eso, sino que hay voces tanto en los sindicatos como en la patronal, y en determinados sectores de los principales partidos, que se muestran receptivas a una reforma de estas características, lo que en principio hace que no sea impensable lograr un consenso considerable.

En definitiva: hay motivos de sobra para firmar. Pero como no se trata de creer ciegamente a nadie, aquí están recogidas las preguntas más frecuentes sobre el modelo (y, aquí, algunas de las más destacadas). Os invito a pasar, leer, preguntar sobre las dudas que os asalten y –si os convence– firmar la petición.

Justicia incompleta y transiciones

En las últimas semanas, una serie de acontecimientos han vuelto a sacar a la palestra pública la cuestión de la memoria histórica y, en paralelo, la de la transición a la democracia que se produjo a la muerte del dictador Francisco Franco. La muerte de Manuel Fraga, primero, hizo arder las redes sociales con reproches a su actividad política durante el régimen. Poco después, ha sido la celebración de los juicios al juez Baltasar Garzón la que ha ahondado en la resurrección de un debate que, desde hace ya un tiempo, había quedado en buena parte sepultado bajo la evidencia de que España tenía cuestiones más urgentes a las que atender: la centralidad del debate en torno a cuestiones económicas, la sangrante realidad de un contingente de más de cinco millones de parados (y los que vienen) y la apabullante sucesión de derrotas electorales del Partido Socialista dan fe de que, en tiempos de crisis, la gente está poco dispuesta a perderse en disquisiciones sobre el pasado que poco aportan al futuro.

Ahora, el debate ha vuelto a abrirse. Le auguro, en realidad, una corta vida como asunto de discusión pública (pese a los esfuerzos sistemáticos de El País y de ciertos sectores políticos por convertir la supuesta “persecución” del juez Garzón en gran prioridad informativa), pero no dejan de constituir motivo de reflexión algunas de las cosas que se leen estos días. El tema es amplio y daría mucho de sí, pero no es mi intención abordarlo en profundidad. Para quien quiera una información ponderada desde el punto de vista jurídico sobre el asunto de Garzón, dejo un par de enlaces sobre el juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y sobre el de las escuchas ilegales: ambos se alejan tanto del linchamiento de la figura como de su exaltación como héroe, ateniéndose a los aspectos de derecho que deberían en puridad constituir el núcleo de cualquier análisis serio de la cuestión. Sobre la figura de Fraga, hay en Voddler un documental bastante interesante (junto con otro sobre Carrillo) y, de lo aparecido en la prensa, el artículo de Santos Juliá me llamó especialmente la atención por su capacidad de análisis de un personaje político de indudable relevancia en nuestra historia reciente.

Por lo que a este apunte respecta, es evidente que estos acontecimientos recientes han provocado una resurrección de ese mecanismo por el que ciertos sectores políticos y de opinión vinculan la reivindicación de la llamada memoria histórica a una deslegitimación de la transición a la democracia: el penúltimo ejemplo de este discurso lo tenemos en este artículo firmado por Gaspar Llamazares (en el que, por lo demás, se mezclan churras con merinas con una soltura abracadabrante). El discurso asumido por estos sectores en lo tocante a la transición es que durante el proceso se llegó a un vergonzoso pacto de silencio a través del cual los españoles olvidaron -impulsados tan sólo por el miedo- la guerra civil y los cuarenta años de dictadura y decidieron dejar en la estacada a sus víctimas.

En realidad, desmentir esta acusación es tan sencillo como recordar que desde que se inició el proceso se tomaron medidas de resarcimiento de las víctimas y de anulación de la realidad legal de la dictadura; del mismo modo, cualquier búsqueda de bibliografía sobre la guerra civil publicada en España entre, por ejemplo, 1970 y 1985 da fe de que ni mucho menos se sepultó bajo capas de silencio la historia reciente del país. Y nada de esto prejuzga, por lo demás, la pertinencia o no de las medidas de la famosa Ley de Memoria Histórica: algunas de ellas, de hecho, presentan pocas objeciones pese a su vinculación a un discurso no siempre propicio al tratamiento desapasionado del tema y a pesar de que, a la vuelta de los años, ha resultado evidente que la ley no preveía una dotación suficiente de recursos económicos para hacer efectivas buena parte de las medidas que se proponían. En última instancia, queda claro que hay discursos que venden y que el papel lo aguanta todo: otra cosa, me temo, es la realidad.

En cualquier caso, es evidente que desde un punto de vista maximalista y de aspiración a una justicia completa (aquello de fiat iustitia et pereat mundus, por recordar un libro que ya les referí aquí hace un tiempo), quienes esgrimen este discurso tienen razón en que no se hizo una justicia completa. Los crímenes del franquismo quedaron impunes, reza el argumento, y esto nos convierte en un país con un terrible déficit democrático. Lo primero es cierto; lo segundo, en cambio, resulta más bien dudoso. De hecho, no es nada descabellado sospechar que el carácter conciliatorio de la transición está precisamente en la base del relativo éxito (con todas las pegas que se le pueden poner) del proceso. En relación con esto, se hacen a veces comparaciones que difícilmente se sostienen, como la que contrapone la situación española a los juicios y la desnazificación que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania; o la que equipara la situación argentina a la española buscando la condena de esta última por no haber juzgado a los asesinos. En el primer caso, parece que se olvida con una facilidad desconcertante que en el proceso medió una guerra entre Estados (no un conflicto civil) y que fueron precisamente las potencias ocupantes las que llevaron a cabo los juicios de Nuremberg que, por lo demás, tuvieron un carácter más ejemplarizante que global; la desnazificación nunca fue completa ni, de hecho, habría sido viable que lo fuera. Respecto al caso argentino, hay una diferencia elemental entre una dictadura de siete años cuyos agentes ejecutores estaban aún muy vivos a su término y un régimen cuya duración se extendió durante cuatro décadas y en el que la temporalización de la intensidad de la violencia represiva es fundamental para comprender su evolución. Equiparar los años de la posguerra con la década de los sesenta sólo puede ser fruto de la ignorancia o de un discurso voluntariamente torticero. Tampoco es lo mismo, por lo demás, un golpe de estado exitoso que llevó inmediatamente a la instauración de la dictadura que uno fracasado que llevó a tres años de guerra civil en los que unos y otros cometieron crímenes (añado que, sobre la violencia del bando republicano, ha aparecido una novedad bibliográfica que parece interesante).

En última instancia, el asunto –como casi todo en política– es cuestión de prioridades. La literatura sobre el tema es muy amplia, pero en líneas generales se han señalado algunos puntos comunes a procesos de transición y pacificación exitosos tras un periodo de conflicto civil, así como los ingredientes del éxito para el establecimiento de un régimen democrático partiendo de uno autoritario. Obviaré aquí, aunque son de una importancia fundamental, los condicionantes económicos y de estructuras sociales, pero hay que apuntar al menos que la existencia de una amplia clase media fue un factor decisivo en la democratización del país. En cuanto al ámbito de la reconciliación, es oportuno recordar algunos de los ingredientes recurrentes en procesos exitosos. Aparte de la discusión pública del pasado –y la hubo, se diga lo que se diga–, suele acompañar a estos procesos una reescritura de ciertas identidades (una oposición clandestina, perseguida e ilegal que pasa a gobernar el país; ministros de la dictadura que pasan a convertirse en demócratas, de corazón y de toda la vida; o un ejército salvapatrias que se convierte simplemente en garante del orden constitucional sometido al poder civil) y toda una serie de gestos y proclamas simbólicos de esos que la transición tuvo a raudales; pero, sobre todo, el que parece ser el ingrediente más importante es precisamente una justicia incompleta y simbólica que tantos le reprochan ahora a nuestra transición. Sigo aquí a Long y Brecke:

(…) justice was meted out, but never in full measure. This fact may be lamentable, even tragic, from certain legal or moral perspectives, yet it is consistent with the requisites of restoring social order (…) Full judicial accountability was inhibited by the possibility of a back-lash by a still powerful military or other group involved in civil violence that could endanger the larger process of restoration of peace. (…) Instead, the decision was often made to draw a line under past human rights violations in the name of national reconciliation. (…) Disturbing as it may be, people appear to be able to tolerate a substantial amount of injustice wrought by amnesty in the name of social peace. One commentator acknowledged that in choosing between them, “people will take a high degree of peace and some imperfect realization of justice”.

En el caso del franquismo, cabe añadir que la longevidad de la dictadura hacía muy difícil incluso una justicia meramente simbólica o ejemplarizante, por el motivo obvio de que el dictador murió en la cama y sus principales colaboradores o bien habían desaparecido o estaban a punto de hacerlo; me refiero, claro, a quienes tomaron parte en su construcción durante las etapas iniciales, que son aquellas en las que realmente cabe hablar de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Todo ello por no hablar de que, habiéndose producido una guerra civil tan plagada de escenas espantosas, habría sido difícil caminar en esa dirección sin acabar juzgando a personajes como Carrillo por sus responsabilidades en las sacas de Paracuellos. Ni una cosa ni la otra creo que hubieran aportado mucho: más bien, todo lo contrario. Al final, volvemos a lo que algunos sectores parecen olvidar con extraordinaria facilidad, que es que en política todo son trade-offs: comparar los procesos políticos reales con cuadraturas del círculo que sólo existen en nuestra mentes denota, ante todo, el infantilismo de ciertas concepciones.

Impresiones sobre el 15-M

Lo primero que hay que decir es que motivos hay. A patadas. Este país nuestro se enfrenta a una coyuntura económica terrible, particularmente para una sociedad que en las últimas décadas ha vivido alegremente por encima de sus posibilidades, entregada a una ceguera colectiva voluntaria de la que han sido culpables tanto la clase política como –no nos engañemos– una población que se ha dedicado irresponsablemente a endeudarse más allá de todo límite razonable en la creencia absurda, y azuzada desde los puestos de (ir)responsabilidad política y financiera, de que la prosperidad no tenía fin. El espejismo se ha acabado y la crisis internacional se ha encargado de señalarnos que el rey estaba desnudo. Y lo que supone un agravio aún mayor: quienes más duramente están sufriendo –y van a sufrir– sus efectos son los miembros de una generación que poco o nada ha tenido que ver en la gestación del drama y que ahora ve cómo sus expectativas más básicas –las de labrarse un futuro– se le cercenan antes de arrancar. Ser joven en España es, en efecto, una putada. Y no sólo porque la cosa sea difícil a día de hoy, sino porque verdaderamente –o esa es, al menos, la percepción– no se divisa un futuro que no consista en seguir viviendo de papá y mamá, aplazando sine die la posibilidad de forjarse una vida propia. Como apuntó Felipe González, para la juventud española el problema es más de expectativas que de nivel de vida. A todo ello se suma la percepción –más o menos acertada– de que, mientras nosotros pagamos la crisis, el poder político se dedica a rescatar amablemente a las entidades bancarias que no han hecho sus deberes.

No hay duda de que esta coyuntura es la que ha puesto de relieve las grietas y defectos del sistema institucional. No en vano, en tiempos de bonanza eran pocas y aisladas las voces que se quejaban del excesivo peso de los aparatos burocráticos de los partidos; de la falta de una auténtica separación de poderes; del cierre a nuevas opciones políticas que supone la legislación electoral vigente; de la sectaria, estéril y a menudo anecdótica lucha partidista en que se había encerrado el debate público español; de los niveles de extensión y de descaro de la corrupción y el chanchullo; de los gastos inútiles de las administraciones públicas y de otros tantos problemas ante los cuales la indignación es, más que meramente comprensible, inevitable. De un grado de podredumbre, en definitiva, que nos retrata como democracia relativamente sólida pero aún joven, con unas carencias en la cultura política que hasta el más lego en la materia puede detectar aun de manera meramente intuitiva. Todo eso estaba ya ahí, pero han sido los niveles de desempleo, precariedad laboral y parálisis económica sin expectativas de mejora los que han lanzado a la gente a la calle. Lo demás, no nos engañemos, importa poco al grueso de la población mientras viva razonablemente bien.

En estas condiciones, lo raro no es el estallido de ira popular. Lo verdaderamente inconcebible era que no hubiera ocurrido antes. En este sentido, vayan por delante dos cuestiones. La primera de ellas, que el silencio del que hemos estado rodeados hasta ahora obedece entre otras cosas a la inmovilidad manifiesta de los agentes tradicionales de movilización social en este país: los sindicatos mayoritarios que, vendidos al partidismo más lamentable y reacios a enfrentarse a un gobierno que no sea de derechas, se han negado pese a la creciente insostenibilidad de la situación económica y social a promover actos enérgicos y de envergadura en contra de un equipo gubernamental que ha reaccionado a la crisis con una mezcla de miopía, cinismo político e incompetencia verdaderamente indigna de la mejor tradición de la socialdemocracia española. La segunda, íntimamente ligada a la anterior, es que a nadie con un mínimo de conocimiento de cómo funciona la política en este país se le escapa la realidad francamente indecente de que, de haber sucedido todo esto bajo un gobierno del Partido Popular, no estaríamos ante movilizaciones globales “contra los vicios del sistema”, sino ante una ofensiva antigubernamental en toda regla que, además, habría arrancado mucho antes y bajo la iniciativa y liderazgo de los sindicatos y de la oposición de izquierdas. Sencillamente, no habría habido lugar para movilizaciones populares promovidas por un grupo heterogéneo de ciudadanos cabreados, pues el descontento se habría encauzado desde otros lugares. Negar esto es, en el mejor de los casos, un ejercicio de ceguera; en el peor, una mentira sin escrúpulos.

Dicho esto, los acontecimientos del 15-M y días posteriores, y la envergadura que han llegado a cobrar en los momentos –tan efímeros– de mayor éxito han sido acogidos con sorpresa por la práctica totalidad de la sociedad y han generado en muchos una impresión ambivalente. De un lado, suponían un soplo de aire fresco, siquiera fuera porque ha sido la primera vez que hemos presenciado cómo desde la sociedad civil, sin la mediación de partidos ni sindicatos, se organizaba una movilización social de tal calibre. No se trata, desde luego, de magnificar su importancia; pero minimizar la novedad del hecho sería igualmente absurdo. La segunda sorpresa, grata para la mayor parte de la opinión pública, ha sido el grado de civismo que han mostrado las acampadas –dentro, al menos, de lo cuestionablemente cívico que resulta para muchos la ocupación de la vía pública porque sí–. Tengo la impresión de que ambas cosas han contribuido a que en los momentos iniciales del fenómeno este se atrajera un apoyo amplio y variopinto de buena parte de la sociedad española, aunque por motivos diversos y guiados por interpretaciones divergentes de lo que estaba sucediendo. Y creo que a esta captación de apoyos contribuyeron un factor externo y otro interno. El primero, los errores tácticos de las instituciones y fuerzas de seguridad, que procedieron en primer lugar al empleo de la fuerza para desalojar a quienes –o así se ha percibido– estaban actuando de manera pacífica; y, posteriormente, a la declaración de ilegalidad de las concentraciones con el argumento, francamente irrisorio en plena campaña electoral, de que “la petición del voto responsable” podría influir en los resultados de las elecciones. El segundo factor, de orden interno, ha sido precisamente la indefinición de las reclamaciones: durante varios días, ha estado extendida la impresión de que las movilizaciones eran una manifestación de la indignación popular ante una situación insostenible, sin que los medios acertasen a desvelar cuáles eran exactamente las propuestas o reivindicaciones planteadas por los llamados “indignados”. La incapacidad para definir unas propuestas concretas ha estado, sin duda, en el punto de mira de muchas de las críticas más ponderadas, pero a pesar de ello creo que en un principio hicieron más bien que mal al movimiento, al que muchos concedieron el beneficio de la duda hasta ver en qué quedaba, al tiempo que muchos otros, empatizando con el cabreo generalizado, apoyaban activa o pasivamente a esas concentraciones que, dado lo etéreo del mensaje, permitían y aun fomentaban interpretaciones de lo más variopintas. Así, se han oído todo tipo de definiciones sobre lo que era aquello: los antisistema de siempre, una movilización de izquierdas que buscaba el fin de los recortes, o un simple movimiento de regeneración democrática. Todas las interpretaciones eran válidas, precisamente, porque ninguna era oficial.

¿Pero quiénes eran/son realmente los “indignados”? Aparte las causas profundas, en el origen inmediato de todo esto ha estado la convocatoria de una manifestación para el día 15 de mayo, promovida por la plataforma Democracia Real Ya. Convocatoria realizada mediante un manifiesto de contenidos vagos e indefinidos, aunque de cariz claramente anticapitalista a pesar de su aseveración de que entre las adhesiones había unos más progresistas, otros más conservadores; unos creyentes, otros no; unos [con] ideologías bien definidas, otros […] apolíticos. Contribuían a evidenciar la adscripción ideológica de los convocantes el listado de adhesiones, por un lado; y, por otro, las propuestas que presentaban a modo de medidas para solucionar la situación. Pero no era ya la filiación ideológica el problema, sino otras dos cuestiones verdaderamente graves para quienes, al recibir la convocatoria, la examinaran con cierto espíritu crítico: en primer lugar, lo extenso de las reivindicaciones, que contienen más bien un programa político propio de un partido que una reivindicación clara y precisa; en segundo lugar –y lo que es aún más grave–, la evidente falta de formación, conocimiento, datos, estudio y análisis que se traslucía en aquel listado de propuestas. Sin ser economista, basta con un vistazo al apartado económico para comprobar lo disparatado de unas medidas que parecían basarse en lo bonitas que suenan algunas propuestas más que en un análisis de sus probables consecuencias; sin ser abogado ni politólogo, salta a la vista que medidas como la equiparación de los salarios de los políticos al salario medio español o la prohibición de llevar en las listas de los partidos a imputados deben mirarse, como mínimo, con cierta circunspección y escepticismo por cuanto no es del todo descabellado que contribuyesen a una mayor degeneración del sistema político y no, como aseguran sus proponentes, a su limpieza y regeneración. Faltaba, en definitiva, un acercamiento siquiera mínimo y superficial a la abundantísima literatura que los científicos sociales llevan décadas produciendo en torno a las cuestiones que con tanta ligereza se abordan en el texto. Es, en el fondo, ese espíritu tan ibérico de “no somos expertos, pero somos el pueblo y esto lo arreglamos en un momento si nos dejan”. Al igual que ocurre con la Historia y, si me apuran, incluso con la Medicina, todo español de a pie se erige en un momento en economista, abogado y politólogo. Y nos quedamos tan anchos.

Por si tamaño desbarajuste fuera poco, en la ejecución real de la convocatoria, y sobre todo en el movimiento de acampadas y concentraciones que le siguió –sorprendiendo más que a nadie a sus propios organizadores– confluyeron no sólo los miembros y los apoyos (de por sí heterogéneos) de Democracia Real Ya, sino otra serie de iniciativas de diverso cuño que, o bien se le unieron y confundieron desde un principio, o bien se sumaron al carro una vez echado a rodar y visto el inesperado éxito de su andadura. El caso más conocido, y el que más se ha fundido con la convocatoria desde el comienzo, es el de la iniciativa No les votes que, según parecen ignorar muchos, nació directamente vinculada a la protesta que encabezaron determinados gurúes contra la aprobación de la llamada Ley Sinde; una ley, dicho sea de paso, de la que se podrá opinar lo que se quiera, pero que resulta difícil entender que se entremezcle entre los temas fundamentales de la política nacional y de la situación económica. No cabe duda, en este sentido, de que la distorsión de las preocupaciones y necesidades reales del grueso de la población que propicia el realizar cualquier convocatoria primordialmente desde Internet y las redes sociales. No, internautas, no: el grueso de la población española no tiene como preocupación fundamental que cierre o no Seriesyonkis.

Y a este magma de por sí indefinido se fueron sumando otros colectivos. Cualquiera que haya paseado por las acampadas se habrá dado cuenta de la diversidad de quienes se encontraban allí: junto a los grupos ya mencionados, aparecían como era de esperar los clásicos antisistema, embarcados en su lucha por derribar todo un sistema sin tener muy claro con qué sustituirlo; el perroflautismo habitual convencido de que con huertos ecológicos urbanos y biodanzas se pueden solucionar los problemas del país; los adeptos del movimiento okupa, para los que cualquier excusa es buena para adueñarse de espacios que no son suyos; y un nutrido grupo de gente de lo más variopinta.

¿Había/hay gente sensata? Pues sí, y en absoluto son pocos, a pesar de lo que pueda parecer. Son los que entienden y lamentan que esto se les ha ido de las manos. Algunos de ellos, que al menos hacen gala del más elemental sentido común en términos de estrategia, han optado por promover la adhesión a un mínimo común reivindicativo que pueda atraer el mayor número de apoyos posibles entre la sociedad española. Son, a grandes rasgos, los defensores de los tres o los cuatro puntos básicos, que probablemente tengan a su vez más de una variante. Es la estrategia más sensata por cuanto, en efecto, se basa en la búsqueda de unas reformas limitadas y no en la subversión del sistema y, al mismo tiempo, deja de lado el aspecto económico (al menos en líneas generales), lo que podría servir para atraerse a sectores descontentos de la derecha. Hay, con todo y a mi juicio, dos graves limitaciones a las que tendrán que enfrentarse quienes defienden este modo de proceder.

En primer lugar, que pretender hacer creer que el movimiento es y ha sido desde un principio una iniciativa desprovista de un posicionamiento ideológico es falsear la realidad y, muy probablemente, perder apoyos entre las bases iniciales. Esto, de hecho, ya está ocurriendo: basta indagar un poco para darse cuenta de que la fuerza que pudiera dar la unión se está cayendo por su propio peso al salir a la luz las enormes divergencias entre unas concepciones y otras. Quienes quieren cambios limitados y desprovistos de carga ideológica puede que constituyan un grupo bastante amplio dentro del conjunto de la sociedad española, pero son sin lugar a dudas el grupo menos activo –o, como mínimo, el menos visible– dentro del conjunto de los realmente movilizados. Por ello mismo, y porque resulta imposible borrar la impresión que se ha ido transmitiendo, resulta poco probable que la “gente de bien” de la derecha moderada vaya a unirse a un movimiento que en sus momentos iniciales apareció como netamente de izquierdas y que, ahora que decaen las acampadas y sólo quedan los afines a la calle de siempre, aparece directamente como una muestra más de un perroflautismo con el que pocos comulgan.

En segundo lugar, que incluso en estas propuestas, más acertadas a mi juicio desde el punto de vista de la estrategia política y de captación de una base de apoyos lo más amplia posible, adolecen de la misma falta de conocimiento y análisis detallado que se percibía en las propuestas iniciales de Democracia Real Ya. Hablar de “reforma de la ley electoral” sin explicitar qué reforma se busca es casi tanto como no decir nada. Y los términos mismos en los que se redactan las propuestas, repitiendo mantras como “listas abiertas” y “circunscripción única” de la forma tan simplificadora en que se han visto utilizados estos términos en los últimos días genera sinceras dudas acerca del grado de conocimiento de estos problemas que tienen quienes dicen querer solucionarlos.

Me gustaría apuntar, por último, que hay una afirmación que resulta falta por mucho que se repita. No es cierto, en última instancia, que los políticos sean una clase aparte, distinta de los demás, nada que ver con la población de esto que (algunos) llamamos España. La corrupción y el chanchullo, la búsqueda de formas de burlar la legalidad y evadir al fisco, eso que muchos llaman incluso con admiración picaresca, están a la orden del día. Se habla de la evasión fiscal por parte de las grandes fortunas, pero nadie parece recordar que eso es exactamente lo mismo –aunque a otra escala– que practican el fontanero que viene a arreglarnos el lavabo y nos pregunta si queremos la factura con IVA o sin IVA o el padre de familia que no declara todos sus ingresos y consigue así que a sus hijos les den becas que no les corresponderían porque están pensadas para quienes de verdad las necesitan. Se habla del sectarismo y partidismo atroz de los partidos políticos, pero las reacciones tan “democráticas” del personal a los resultados electorales del domingo (idénticas, aunque de signo opuesto, a las de 2004 ó 2008) dan buena fe de que ese sectarismo es ampliamente asumido por la sociedad española. Se habla de muchas lacras que se atribuyen a la clase política y, en términos más amplios, a los poderosos, olvidando con demasiada frecuencia y con sospechosa facilidad que esa clase política es, en buena medida, fruto y reflejo del país que tenemos.

¿Hay futuro? Parece difícil. Hay problemas por resolver y hay, desde luego, un espíritu salvable dentro de todo esto. Hay gente sensata y preocupada de verdad, que honradamente cree en la necesidad de lograr el apoyo popular a unas medidas cuya introducción sólo se podría lograr (y esto en el más optimista de los casos) mediante una presión social fortísima que obligase a los partidos a incluirlas en sus programas. Hay una capacidad para la movilización desde la sociedad civil, favorecida ahora por tecnologías de las que antes no se disponía, que a muchos nos ha devuelto la ligerísima esperanza de que tal vez este país, de vez en cuando, sea capaz de movilizarse sin que medien los partidos y sindicatos de turno con sus respectivos intereses. Pero faltan muchas cosas, y algunas de las que me parecen más evidentes ya las he apuntado aquí. Por todo ello y por otras causas que sin duda se me escaparán, la indignación no es suficiente.

La persistencia del antiguo Régimen

Lleva una un tiempo rumiando, y lo comentaba ayer con J, la sospecha de que la observación de la realidad tiende a reafirmarnos en ese descubrimiento un tanto melancólico que los años van poniéndonos por delante: el de que hay cosas, verdaderamente, que nunca cambian. Nunca es triste la verdad: lo que no tiene es remedio. Cierto que, en un país en el que la [re]construcción un tanto aviesa de la genealogía política del adversario forma parte del arsenal dialéctico diario, resultaría difícil salir a la calle –no digamos abrir el periódico– sin darse de bruces con esta realidad. De sobra conocemos la batería completa desplegada en artículos, en conversaciones de cafetería e incluso, si hace falta, en sede parlamentaria: el indudable ascendente estalinista de Zapatero y sus adláteres, con toda su vocación totalitaria; la sed de sangre de rojos que anida en el fondo de Aznar y de sus herederos, esos que probablemente lleven el yugo y las flechas tatuados en alguna parte pudenda de su anatomía.

No hace falta insistir en que es un recurso fácil y hueco, aunque sólo fuera porque culpar a los nietos de los crímenes de sus abuelos es tan absurdo como atribuirles sus méritos. Y querer a estas alturas ganar guerras que otros perdieron hace décadas no es más que una forma de ganar adeptos entre quienes no entienden que estas herencias atribuidas o apropiadas no tienen otra finalidad que la propagandística. Pero es absurdo, sobre todo, porque hasta el momento todas las familias políticas las han formado seres humanos y, si la memoria no engaña, no es fácil encontrar una que no tenga entre sus viejas glorias grandes miserias que esconder bajo la alfombra. La humanidad es lo que tiene: no hace falta buscar muy lejos para encontrar cadáveres que arrojarnos a la cara. Luego ya empiezan los censos y recuentos: tú mataste más, yo maté menos, tus muertos ya tuvieron su homenaje, los míos luchaban por la libertad.

Qué les voy a contar que no sepan: nos conocemos el cuento, con toda su función legitimadora o denigratoria, que vienen a ser las dos caras de una misma moneda mirándose de reojo. Pero sucede que la genética es a veces más divertida que todo eso, que hasta en las mejores familias hay líos de faldas y que al final las noches prohibidas, la promiscuidad y los arrebatos ilícitos dan lugar a hijos bastardos, y a poco que un observador con algo de mala leche se pare a estudiar a la criaturita puede descubrir cosas insospechadas, ese rasgo delatador que la naturaleza ha colocado ahí, un fenotipo que no encaja con la paternidad atribuida, un tic, una forma característica de hablar o alguna mancha más o menos definida en el carácter que siembra la intuición de que las cosas no son como nos cuentan.

Porque he aquí el problema: cuando jugamos a vivir de la construcción simbólica de una identidad que emerge por pura oposición binaria a aquella otra presuntamente culpable de los muertos que les arrojamos a la cabeza a los de enfrente, hay que tener cuidado. Procurar no dar un paso en falso. Cuidar las formas. Lo que no se puede, desde luego, porque el chiringuito se tambalea con demasiada facilidad, es hacer y decir cosas que a un espíritu atento, e incluso a uno que no lo sea tanto, puedan traerle recuerdos que desdibujen nuestro autorretrato. Lo que no conviene hacer, en definitiva, es andar proclamando el rechazo a las injerencias del extranjero, encontrando contubernios agazapados detrás de cada esquina, acusando a quienes se nos oponen de antipatriotas, reproduciendo los mecanismos presuntamente autónomos de una política de amistad con los pueblos árabes en detrimento del malvado Estado de Israel, demostrar luego a cada paso que se sigue estando en las garras del águila por más que uno se quede sentado en los desfiles, reproducir las políticas de aquello que llamaban Hispanidad, mantener los apoyos sociales a base de la redistribución de la pobreza y querer seguir siendo el paternal protector de todos los españoles.

O igual sí que se puede. Nosotros, al fin y al cabo, también somos a veces lo que fuimos. Aunque las cosas (nos) cambiaran tanto.

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De mitos y tumbas

La investigación histórica tiene estos problemas: al final, ni Lorca ni las otras víctimas estaban donde se esperaba. Por una parte, esto viene a confirmar lo que cualquier historiador que se precie sabe desde hace mucho tiempo: que, pese a discursos en el sentido contrario que tienden a sembrar la confusión al respecto, la memoria y la historia son cosas bien distintas. La primera, aparte de tratarse de una construcción mental que, a nivel individual o colectivo, intenta dotar de sentido al pasado (con omisiones, matices y olvidos), puede ser desde luego una fuente de enorme interés para el historiador. Pero ha utilizarse siempre con la debida cautela y, en la medida de lo posible, con el concurso de otras muchas fuentes de diversa índole. De lo contrario, ocurren estas cosas: un testimonio falla y, a la hora de los resultados, lo mismo da que se trate de un engaño deliberado o de una trampa de la memoria. El caso es que el cuerpo no está ahí.

Todo esto es de sentido común, claro, aunque últimamente tiene una la impresión de que las cosas más evidentes son las que más hay que repetir. En cualquier caso, está lejos de mi intención la de aprovechar este pequeño o gran desastre para echar por tierra (pun unintended) o menospreciar el trabajo de Ian Gibson. Al margen de las cuestiones en las que se pueda estar en desacuerdo con él, Arcadi tiene razón en lo fundamental: esto no invalida, al menos en principio, un trabajo que en líneas generales ha sido siempre muy sólido. Sencillamente ocurre que la labor del historiador tiene sus limitaciones: reconocerlas está entre las primeras y más significativas obligaciones de cualquier profesional que se precie. Y, por maravillosas que sean las grandes síntesis interpretativas, lo cierto es que el conocimiento sólo aumenta milímetro a milímetro, y que siempre puede venir alguien a refutar lo que parecía incuestionable: no digamos ya lo que ni siquiera lo parecía. Donde no hay más fuentes que las que hay, no queda otra que conformarse: es frustrante, pero es así. Pero un día muere alguien y salen a la luz unas memorias, o se revelan datos previamente desconocidos, o se abren archivos que habían sido inaccesibles. O se excava donde se creía que había una tumba y resulta que allí no hay nada. Y en ocasiones no queda otra que aceptar el error y volver a empezar, aunque tal vez cabría preguntarse por qué parece que nadie ha dado importancia hasta ahora a otras hipótesis. Si creemos a Gibson, ni siquiera lo habrían tomado en serio a él: ¿qué se ha estado haciendo aquí, aparte del espectáculo mediático?

Y sin embargo, todo esto son divagaciones de aspirante a historiadora; tal vez la trascendencia pública del asunto sea otra, y otras las preguntas que cabría hacerse. ¿Tiene sentido haber invertido 60.000 euros en una excavación que, analizados los datos con detenimiento, no ofrecía realmente garantías de éxito? Esto se ha hecho, además, en contra de la opinión de la familia de Lorca, y sin embargo es su nombre el que sigue lanzándose de un lado a otro de las trincheras ideológicas para reclamar que se continúe la búsqueda: ¿importa más el parecer de Gibson y las asociaciones de ese oxímoron que es la “memoria histórica”? Da la impresión de que responder que sí contravendría el espíritu de resarcimiento a los familiares que teóricamente alimenta todo ese movimiento. Sin duda, no cabe olvidar (aunque muchos parezcan hacerlo) que habría otros cuerpos. La pregunta más dura es la que a ellos se refiere: ¿se habría invertido ese dinero en buscarlos, sin garantías, de no encontrarse por medio el nombre del poeta?

Y ahora qué. ¿Se continúa la búsqueda? Mientras no haya datos que ofrezcan realmente seguridad, ¿dónde está el límite? ¿Llenamos Andalucía de agujeros? Como la persona fría, calculadora y desprovista de humanidad que soy, me permito añadir una consideración bastante elemental: esto es dinero de todos (aunque algunos traduzcan eso por “de nadie”) y los recursos, como nos recuerdan los malvados economistas y pragmáticos de toda laya, no son ilimitados. Igual ha llegado el momento –igual llegó hace tiempo– de definir qué es razonable y qué no lo es. De decidir, en fin –si es que aún consideramos que la política tiene que ver esencialmente con eso–, qué es lo que consideramos prioritario.

Lo mejor, sin duda, el corolario: la Junta ya tiene su propia respuesta. Que la inversión no sea en vano: a falta de tumbas, “asociemos el lugar con el arte y la vanguardia”. Dinero público mediante.

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El ejército, nuestra oenegé preferida

Los ejércitos nacionales son uno de los elementos más característicos del desarrollo de los modernos Estados-nación. En el caso español –un caso de construcción cuando menos imperfecta del Estado liberal–, el ejército ha tenido a lo largo de la contemporaneidad una evolución tan interesante como plagada de altibajos. Habiendo adquirido un enorme prestigio desde la victoria ante las tropas napoleónicas a principios del siglo XIX, los generales españoles se convertirían durante buena parte de la centuria en actores políticos fundamentales, portavoces de diversas versiones del liberalismo y causantes de numerosos cambios de gobierno: no en vano, el golpe de Estado español decimonónico ha pasado a la historiografía con un nombre propio, el de pronunciamiento. Biografías como las de Espartero o Narváez, grandes protagonistas de las luchas políticas de la época isabelina y líderes, respectivamente, del liberalismo progresista y moderado, dan fe de ello. Enzarzado como estaba en la lucha política, al ejército del XIX le faltó en cambio el convertirse en elemento de unidad nacional, en referente simbólico de la idea de España, a diferencia de lo ocurrido en otros países. Lo cierto es que sólo O’Donnell y la Unión Liberal harían algún intento de utilizar al Ejército como elemento de prestigio y con una finalidad creadora de conciencia nacional, aunque lo hicieran a través de expediciones de escasa fortuna y a veces un tanto rocambolescas.

En cualquier caso, este ejército, metido a actor político pero de mentalidad fundamentalmente liberal (valga la contradicción), protagonista clave incluso de revoluciones como la Gloriosa de 1868, experimentaría en el último tercio del siglo un cambio de mentalidad en el que influyeron diversos factores, pero en el que sin duda jugó un papel significativo la experiencia del desorden y la inestabilidad constantes del Sexenio, etapa demasiado breve como para que España pasara en esos años de un gobierno provisional a una monarquía democrática con rey extranjero a una república federal –cuyos gobiernos no duraban más de unos meses y con insurrección cantonal incluida– a una especie de indefinida y vaga república unitaria a la que finalmente pondría fin la restauración alfonsina. La penetración de la I Internacional en España, favorecida por el amplio marco de libertades de aquellos años, no fue en absoluto ajena a esto; como no lo fue, desde luego, el efecto de caja de resonancia que jugó la Comuna de París a la hora de decantar a buena parte de la clase política hacia posturas cada vez más convencidas de la necesidad de asegurar el orden, poner freno a una creciente conflictividad social cuya presencia en las calles era cada vez mayor, desconfiar de la participación política de las clases populares, y preservar y proteger la propiedad privada.

La Restauración vino a ofrecer una plasmación de todo ello. Con un diseño teórico inspirado en el ejemplo británico y un funcionamiento real que garantizaba la estabilidad a través del fraude electoral y las redes clientelares, el proyecto civilista y pragmático de Cánovas conseguiría durante el último cuarto del siglo XIX mantener alejados de la política a los militares. Sin embargo, el sistema entraría en crisis desde finales del siglo por motivos diversos. No es un factor menor, en este sentido, la aprobación del sufragio universal en 1890, que hacía más difícil el control electoral (no es lo mismo controlar a 800.000 electores que a cinco millones) y entre cuyas consecuencias cabe contar la necesidad de emplear para el sostenimiento del sistema dosis de violencia (en algunos casos más simbólica que física) que hasta entonces no habían hecho falta. En lo que respecta al ejército, la entrada en el siglo XX vino acompañada de cambios considerables y de un regreso a la política. Simbólicamente, el desastre del 98, del que los militares culparon a la irresponsabilidad de los políticos (idea que se mantendría durante largo tiempo: véase a título de ejemplo Raza), marcaba el inicio de unos largos años de crisis del sistema en los que el ejército iría cobrando un protagonismo creciente. El papel jugado por Alfonso XIII, los recelos militares ante los nacionalismos periféricos, el empleo creciente del ejército como fuerza de orden público ante la creciente conflictividad social y las campañas africanistas, unidos a incidentes como el del Cu Cut, eran una manifestación palpable del paulatino retorno de los militares a la arena política. El resultado final de todo aquello no puede ser más elocuente: poco hay que añadir, respecto al papel de los militares, sobre la dictadura de Primo de Rivera.

Para cuando se proclamó la II República, el ejército era ya un cuerpo de ideario profundamente conservador y que se veía a sí mismo como garante de la unidad de España. No resultan sorprendentes, por lo tanto, los constantes enfrentamientos entre los militares y las izquierdas –republicanas o no– durante esta etapa; tampoco la reforma militar de Azaña ayudó a la concordia. Respecto a las derechas, se retomaba la utilización del ejército como garante del orden público: ahí está la durísima represión lanzada contra los protagonistas de la llamada revolución de octubre del año 34. Y de nuevo sería el ejército o, para ser exactos, una facción del mismo, el que en 1936 pusiera fin a aquella experiencia. Respecto al franquismo, resulta evidente el papel fundamental jugado por las fuerzas armadas: aunque el régimen fuera más la dictadura de un militar que una dictadura militar propiamente, el ejército fue no sólo uno de sus mayores soportes, sino el pilar principal sobre el que se sostuvo durante sus cuatro décadas de duración. No fueron tan constantes las otras familias: Falange, convertida en partido único al tiempo que se la descabezaba y se la unificaba con el carlismo, quedó muy pronto relegada a un papel más simbólico que real al tiempo que los planteamientos falangistas se diluían en el indefinido magma que fue el Movimiento; la Iglesia, por su parte, dejó de prestar un apoyo monolítico, como mínimo, desde el Concilio Vaticano II, como lo prueban los enfrentamientos en su propio seno o el fenómeno de los curas obreros. Pero en 1975 el ejército seguía siendo, con muy escasas excepciones (léase la muy minoritaria Unión Militar Democrática), lo que había sido durante cuarenta años de régimen: garante del franquismo (sin Franco), de la unidad nacional, de los principios tradicionales y de la exclusión de los rojos de la vida política nacional.

No es extraño, por lo tanto, que las fuerzas armadas se convirtieran en uno de los principales problemas con los que se tuvo que lidiar durante la transición a la democracia. Dan buena cuenta de ello la actitud de la inmensa mayoría de los militares hacia Suárez y las diversas conspiraciones que hubo durante aquellos años, de las que el golpe del 23-F fue sin duda la de mayor trascendencia pública. Los esfuerzos por democratizar el ejército, a los que no fue ajena la integración en la OTAN –uno de cuyos propósitos era que las fuerzas armadas entrasen en contacto con sus homólogas de países de tradición democrática–, fueron una de las luchas más complejas en los años de la transición, con su continuación durante la etapa de consolidación democrática.

Los tiempos recientes han visto aparecer novedades en el horizonte, una de las cuales es una tendencia no exclusivamente española, pero tal vez particularmente arraigada aquí, a considerar que la guerra es, por definición, un instrumento ilegítimo. La necesidad de los gobiernos democráticos de adaptarse a esta postura simplista ampliamente asumida por la opinión pública occidental ha llevado a un uso cada vez más acentuado de eufemismos que hacen que ya no haya guerras, sino misiones de paz, y a la pretensión de convertir a los ejércitos en algo así como unas ONG cuyas principales funciones son la cooperación al desarrollo, las misiones de salvamento cuando suceden catástrofes naturales, y el reparto de agua y comida que tanto figura en los telediarios. El que los países occidentales, que, sin constituir el mejor de los mundos posibles, ofrecen sin duda a sus ciudadanos el mejor de los que ahora mismo existentes (en términos de libertades y de bienestar –¿hay otros?–), sean precisamente aquellos cuyos ciudanos menos dispuestos están a defender el sistema, no deja de ser una contradicción a la que un Occidente acomplejado y biempensante tendrá que hacer frente tarde o temprano.

Respecto al caso español, como de costumbre, nosotros ponemos la guinda: los políticos españoles han tenido, a lo largo de los dos últimos siglos, actitudes muy diversas hacia el ejército. Y España ha tenido ejércitos muy diferentes. Lo que nunca habíamos tenido, hasta ahora, es un Ministerio de Defensa pacifista. Un Ministerio cuyo ámbito de actuación no es otro que el de las accciones de guerra no puede no creer en la guerra. Y un gobierno dispuesto a pagar lo que se le pida por liberar a unos rehenes españoles debería, al menos, tener la decencia de enviar a continuación una operación militar bien diseñada, y con órdenes de actuar con toda la fuerza necesaria, a perseguir a los secuestradores hasta sus madrigueras.

Ahora me llamarán belicista.

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La abajo firmante

CONTRATO ÚNICO INDEFINIDO

UN CONTRATO PARA EMPLEARLOS A TODOS. Firma por el contrato único contra la dualidad y la precariedad en el mercado de trabajo.


A diferencia de la memoria, que se confirma y refuerza a sí misma,
la Historia incita al desencanto
con el mundo.
(Tony Judt)


Quien dice Historia dice sacrilegio.
(Tzvetan Todorov)


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