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Justicia incompleta y transiciones

En las últimas semanas, una serie de acontecimientos han vuelto a sacar a la palestra pública la cuestión de la memoria histórica y, en paralelo, la de la transición a la democracia que se produjo a la muerte del dictador Francisco Franco. La muerte de Manuel Fraga, primero, hizo arder las redes sociales con reproches a su actividad política durante el régimen. Poco después, ha sido la celebración de los juicios al juez Baltasar Garzón la que ha ahondado en la resurrección de un debate que, desde hace ya un tiempo, había quedado en buena parte sepultado bajo la evidencia de que España tenía cuestiones más urgentes a las que atender: la centralidad del debate en torno a cuestiones económicas, la sangrante realidad de un contingente de más de cinco millones de parados (y los que vienen) y la apabullante sucesión de derrotas electorales del Partido Socialista dan fe de que, en tiempos de crisis, la gente está poco dispuesta a perderse en disquisiciones sobre el pasado que poco aportan al futuro.

Ahora, el debate ha vuelto a abrirse. Le auguro, en realidad, una corta vida como asunto de discusión pública (pese a los esfuerzos sistemáticos de El País y de ciertos sectores políticos por convertir la supuesta “persecución” del juez Garzón en gran prioridad informativa), pero no dejan de constituir motivo de reflexión algunas de las cosas que se leen estos días. El tema es amplio y daría mucho de sí, pero no es mi intención abordarlo en profundidad. Para quien quiera una información ponderada desde el punto de vista jurídico sobre el asunto de Garzón, dejo un par de enlaces sobre el juicio por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y sobre el de las escuchas ilegales: ambos se alejan tanto del linchamiento de la figura como de su exaltación como héroe, ateniéndose a los aspectos de derecho que deberían en puridad constituir el núcleo de cualquier análisis serio de la cuestión. Sobre la figura de Fraga, hay en Voddler un documental bastante interesante (junto con otro sobre Carrillo) y, de lo aparecido en la prensa, el artículo de Santos Juliá me llamó especialmente la atención por su capacidad de análisis de un personaje político de indudable relevancia en nuestra historia reciente.

Por lo que a este apunte respecta, es evidente que estos acontecimientos recientes han provocado una resurrección de ese mecanismo por el que ciertos sectores políticos y de opinión vinculan la reivindicación de la llamada memoria histórica a una deslegitimación de la transición a la democracia: el penúltimo ejemplo de este discurso lo tenemos en este artículo firmado por Gaspar Llamazares (en el que, por lo demás, se mezclan churras con merinas con una soltura abracadabrante). El discurso asumido por estos sectores en lo tocante a la transición es que durante el proceso se llegó a un vergonzoso pacto de silencio a través del cual los españoles olvidaron -impulsados tan sólo por el miedo- la guerra civil y los cuarenta años de dictadura y decidieron dejar en la estacada a sus víctimas.

En realidad, desmentir esta acusación es tan sencillo como recordar que desde que se inició el proceso se tomaron medidas de resarcimiento de las víctimas y de anulación de la realidad legal de la dictadura; del mismo modo, cualquier búsqueda de bibliografía sobre la guerra civil publicada en España entre, por ejemplo, 1970 y 1985 da fe de que ni mucho menos se sepultó bajo capas de silencio la historia reciente del país. Y nada de esto prejuzga, por lo demás, la pertinencia o no de las medidas de la famosa Ley de Memoria Histórica: algunas de ellas, de hecho, presentan pocas objeciones pese a su vinculación a un discurso no siempre propicio al tratamiento desapasionado del tema y a pesar de que, a la vuelta de los años, ha resultado evidente que la ley no preveía una dotación suficiente de recursos económicos para hacer efectivas buena parte de las medidas que se proponían. En última instancia, queda claro que hay discursos que venden y que el papel lo aguanta todo: otra cosa, me temo, es la realidad.

En cualquier caso, es evidente que desde un punto de vista maximalista y de aspiración a una justicia completa (aquello de fiat iustitia et pereat mundus, por recordar un libro que ya les referí aquí hace un tiempo), quienes esgrimen este discurso tienen razón en que no se hizo una justicia completa. Los crímenes del franquismo quedaron impunes, reza el argumento, y esto nos convierte en un país con un terrible déficit democrático. Lo primero es cierto; lo segundo, en cambio, resulta más bien dudoso. De hecho, no es nada descabellado sospechar que el carácter conciliatorio de la transición está precisamente en la base del relativo éxito (con todas las pegas que se le pueden poner) del proceso. En relación con esto, se hacen a veces comparaciones que difícilmente se sostienen, como la que contrapone la situación española a los juicios y la desnazificación que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania; o la que equipara la situación argentina a la española buscando la condena de esta última por no haber juzgado a los asesinos. En el primer caso, parece que se olvida con una facilidad desconcertante que en el proceso medió una guerra entre Estados (no un conflicto civil) y que fueron precisamente las potencias ocupantes las que llevaron a cabo los juicios de Nuremberg que, por lo demás, tuvieron un carácter más ejemplarizante que global; la desnazificación nunca fue completa ni, de hecho, habría sido viable que lo fuera. Respecto al caso argentino, hay una diferencia elemental entre una dictadura de siete años cuyos agentes ejecutores estaban aún muy vivos a su término y un régimen cuya duración se extendió durante cuatro décadas y en el que la temporalización de la intensidad de la violencia represiva es fundamental para comprender su evolución. Equiparar los años de la posguerra con la década de los sesenta sólo puede ser fruto de la ignorancia o de un discurso voluntariamente torticero. Tampoco es lo mismo, por lo demás, un golpe de estado exitoso que llevó inmediatamente a la instauración de la dictadura que uno fracasado que llevó a tres años de guerra civil en los que unos y otros cometieron crímenes (añado que, sobre la violencia del bando republicano, ha aparecido una novedad bibliográfica que parece interesante).

En última instancia, el asunto –como casi todo en política– es cuestión de prioridades. La literatura sobre el tema es muy amplia, pero en líneas generales se han señalado algunos puntos comunes a procesos de transición y pacificación exitosos tras un periodo de conflicto civil, así como los ingredientes del éxito para el establecimiento de un régimen democrático partiendo de uno autoritario. Obviaré aquí, aunque son de una importancia fundamental, los condicionantes económicos y de estructuras sociales, pero hay que apuntar al menos que la existencia de una amplia clase media fue un factor decisivo en la democratización del país. En cuanto al ámbito de la reconciliación, es oportuno recordar algunos de los ingredientes recurrentes en procesos exitosos. Aparte de la discusión pública del pasado –y la hubo, se diga lo que se diga–, suele acompañar a estos procesos una reescritura de ciertas identidades (una oposición clandestina, perseguida e ilegal que pasa a gobernar el país; ministros de la dictadura que pasan a convertirse en demócratas, de corazón y de toda la vida; o un ejército salvapatrias que se convierte simplemente en garante del orden constitucional sometido al poder civil) y toda una serie de gestos y proclamas simbólicos de esos que la transición tuvo a raudales; pero, sobre todo, el que parece ser el ingrediente más importante es precisamente una justicia incompleta y simbólica que tantos le reprochan ahora a nuestra transición. Sigo aquí a Long y Brecke:

(…) justice was meted out, but never in full measure. This fact may be lamentable, even tragic, from certain legal or moral perspectives, yet it is consistent with the requisites of restoring social order (…) Full judicial accountability was inhibited by the possibility of a back-lash by a still powerful military or other group involved in civil violence that could endanger the larger process of restoration of peace. (…) Instead, the decision was often made to draw a line under past human rights violations in the name of national reconciliation. (…) Disturbing as it may be, people appear to be able to tolerate a substantial amount of injustice wrought by amnesty in the name of social peace. One commentator acknowledged that in choosing between them, “people will take a high degree of peace and some imperfect realization of justice”.

En el caso del franquismo, cabe añadir que la longevidad de la dictadura hacía muy difícil incluso una justicia meramente simbólica o ejemplarizante, por el motivo obvio de que el dictador murió en la cama y sus principales colaboradores o bien habían desaparecido o estaban a punto de hacerlo; me refiero, claro, a quienes tomaron parte en su construcción durante las etapas iniciales, que son aquellas en las que realmente cabe hablar de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Todo ello por no hablar de que, habiéndose producido una guerra civil tan plagada de escenas espantosas, habría sido difícil caminar en esa dirección sin acabar juzgando a personajes como Carrillo por sus responsabilidades en las sacas de Paracuellos. Ni una cosa ni la otra creo que hubieran aportado mucho: más bien, todo lo contrario. Al final, volvemos a lo que algunos sectores parecen olvidar con extraordinaria facilidad, que es que en política todo son trade-offs: comparar los procesos políticos reales con cuadraturas del círculo que sólo existen en nuestra mentes denota, ante todo, el infantilismo de ciertas concepciones.

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Franquismo sociológico

A DISTANCIA / ALFONSO LAZO
El Mundo, viernes 16 de mayo de 2008

Basta comparar la cartelería política de la Alemania nazi con los carteles de la Rusia estalinista para darse cuenta de la profunda semejanza que existe entre los regímenes de partido único y control social. Si borramos la hoz y el martillo de los soviéticos y la esvástica de los alemanes resulta imposible distinguir la propaganda de unos y otros. El franquismo, en su primera época, también imitaba la plástica de los estados totalitarios; luego, ya no hubo necesidad: se había convertido en un sistema que contaba con el respaldo pasivo de una mayoría de españoles cuya actitud era no meterse en nada siempre que hubiera sol, turismo y Rocío. Al régimen de Franco lo desmontaron entre unos pocos, entonces se sumaron las multitudes.

En aquellos tiempos alguien me decía: “Yo no me meto en política, así que nadie me va a meter en la cárcel. Hablo con mis amigos de lo que quiero, no doy conferencias, no escribo, leo pocos libros; qué me importa la censura. Soy funcionario y tengo un sueldo aceptable, mejor no correr riesgos con cambios de partidos y alternancia.” Pero otros se ahogaban por falta de libertad. En 1970, a un profesor de la Universidad de Sevilla fueron a buscarlo en las aulas dos policías; el decano, que era un franquista confeso y una excelente persona, le echó un capote; la policía se marchó y el profesor continuó con sus clases. Hoy acaba de saber que en Andalucía existen listas negras y él está en una: no van a invitarlo más a dar conferencias eruditas a cargo de cierto organismo público. Una cosa parecida comentaba hace poco en este periódico el actor Roberto Quintana a quien desde el CAT avisaron: “Te hemos querido contratar, pero no daban permiso”. Ahora, exiliado en Madrid, Quintana dice: “También estuve en una lista negra”.

El franquismo controlaba mucho más que la cultura; intervino la economía entera. A imitación de la Italia mussoliniana existía el INI: empresas públicas ruinosas que la democracia cerró. Recientes estadísticas han puesto de manifiesto las enormes pérdidas que sufre la red de empresas dependientes de la Junta. El Observatorio Económico de Andalucía asegura: “Tenemos unas empresas públicas que asumen funciones de la Administración General sin que por ello esta última adelgace”. Tampoco adelgazan los sindicatos. Con Franco eran sindicatos verticales: oficiales, obligatorios y subvencionados; nunca le montaron una huelga al Generalísimo. A Felipe González, Comisiones Obreras y UGT le organizaron tres, y otra a José María Aznar. ¿Podemos imaginar siquiera una huelga general contra el presidente Chaves? Que en Andalucía los sindicatos verticales, ahora llamados mayoritarios, apuntalen la política de la Consejería de Educación lo dice todo sobre el control de la Junta. Nunca hubo en España régimen más intervencionista que el de Franco. Salvo el andaluz, porque una cosa es la intervención de un gobierno en defensa de los débiles y otra distinta querer controlarlo todo, desde los Colegios de Arquitectos al Consejo Audiovisual. José Solís, dicharachero ministro de Sindicatos, era muy aplaudido cuando visitaba las fábricas. Una vez ante un grupo de trabajadores aseguró que en su cuenta corriente sólo tenía 25.000 pesetas. Me recuerda algo.

Los tics del lenguaje oficial de hoy traen cosas a la memoria. Según Manuel Gracia, portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, “el 99% de los militantes está de acuerdo con que Chaves siga, y no digo el 100% por aquello de la mayoría a la búlgara”. El 99%: qué entenderá por mayoría búlgara mi amigo Gracia. La consejera de Salud tampoco se queda corta: “Las denuncias sobre las listas de espera serían legítimas si se hiciesen para mejorar la sanidad pública, no para erosionarla”. Hace 40 años el régimen lo llamaba crítica constructiva. Como repetía el Caudillo, no debemos confundir libertad y libertinaje.

Dos versiones de la Raza

Raza (1942), aquella película de Sáenz de Heredia producida con apoyo del Estado franquista y basada en un libro que el propio Franco había escribo bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, es sin duda uno de los documentos históricos más interesantes y curiosos que nos ha dejado el Franquismo. En más de un sentido, es también uno de los más divertidos, aunque sólo sea por lo burdo de las técnicas propagandísticas, bastante menos refinadas que las de ahora (o que algunas de las de ahora, porque ciertos vídeos de esos que circulan por Internet no está muy claro si estarían a su altura).

Quien más y quien menos sabe de la existencia de la que fue “la peli de Franco”; lo que parece ser menos conocido es el hecho de que existieron dos versiones de la misma. En efecto, uno de los ejercicios más reveladores que se pueden realizar en el análisis de Raza –que es tanto como decir del régimen al que pretendía legitimar– es la comparación con su segunda versión. Espíritu de una raza, estrenada en 1950, no contiene respecto a la película original grandes cambios; a primera vista, de hecho, las modificaciones son casi imperceptibles. Sin embargo, existen, y aunque sean pequeñas son altamente significativas.

Oficialmente, según las explicaciones de Sáenz de Heredia, el cambio de título se hizo a petición de los empresarios argentinos encargados de su distribución en este país en 1950; la película fue enviada a Argentina con el nombre modificado y, a su vuelta a España, se puso en marcha un reestreno en el que se hacía uso del nuevo título y se introducían una serie de mutilaciones:

Se reestrenó, efectivamente, con ese título, que no me parece adecuado, ni tampoco las mutilaciones que a la película se le hicieron. Pero claro, eran para servir…, eran otros momentos.

Efectivamente, eran otros momentos. La nueva versión, impulsada no se sabe bien por quién, corrió a cargo de NO-DO, el nuevo organismo responsable de la propaganda cinematográfica del franquismo. Las escenas que se eliminaron fueron cortadas en las salas de montaje de este organismo, mientras que los cambios en los diálogos se disimularon haciendo un doblaje íntegramente nuevo para que no se notaran las diferencias en las voces. A los actores de 1941 no se les pidió su participación en este doblaje, que fue realizado por el equipo de dobladores de la Metro Goldwyn Mayer en Barcelona. Según el testimonio del hijo de José Nieto, a los actores se les diría más tarde que Franco nunca había estado satisfecho con la versión anterior.

A partir de 1950 no se exhibiría ninguna copia de la versión primera; es posible que el negativo original, que no ha sido localizado hasta el momento, se destruyese. Sin embargo, en 1993 la Filmoteca Española localizó una copia de nitrato de Raza, procedente de un cine ambulante. Se encontraba en muy mal estado, pero fue suficiente para comprobar la importancia de los cambios entre la película original y Espíritu de una raza. Se inició entonces la búsqueda en otros países, y en 1995 se localizó en la Filmoteca de Berlín, procedente de archivos de la UFA (Universum Film AG) que habían permanecido en la antigua RDA, el negativo íntegro de Raza.

Comprender las modificaciones que se realizaron requiere atender a los cambios en la situación internacional que se habían sucedido entre el estreno de Raza en 1942 y la segunda versión de ésta en 1950. No en vano, el estreno original tuvo lugar en un momento en el que tanto Franco como sus consejeros creían segura la victoria del Eje; con el desenlace final del conflicto –e incluso antes de este– las circunstancias cambiaron, y Franco se transmutaría entonces en el más firme aliado de Occidente contra el comunismo.

Pese al maquillaje, las democracias internacionales someterían al régimen a aislamiento en un principio, por más que quepa preguntarse hasta qué punto esa actitud se llevó hasta sus últimas consecuencias La no inclusión en Naciones Unidas, la retirada de embajadores y, más tarde, la imposibilidad de acceder al Plan Marshall, dejaban al país en una situación que exigía la puesta en marcha de una nueva escenografía. Las manifestaciones de adhesión en la plaza de Oriente ante el aislamiento diplomático, la Ley de Sucesión e, incluso, el ofrecimiento de una división de soldados que Franco hizo a los Estados Unidos para luchar en Corea se enmarcan en esta reinterpretación del régimen, para el que tan providencial resultó la Guerra Fría. Los años cincuenta se inician con un acercamiento cada vez más claro del coloso americano a la España franquista. Ya a finales de los cuarenta había habido claras señales de que las relaciones mejoraban (la visita de una misión militar estadounidense, el préstamo de veinticinco millones de dólares, y el fondeamiento de la flota de los Estados Unidos en El Ferrol); y precisamente a partir de 1950, año en que se estrena Espíritu de una raza, la ONU levanta la condena al régimen y empieza a producirse su ingreso paulatino en organismos internacionales (la FAO ese mismo año, la OMS en 1951, la UNESCO en 1952), que culminaría con la entrada como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas en 1955.

En en este marco en el que hay que inscribir los cambios que se realizaron en la segunda versión de Raza. Una de las primeras tareas consistió, obviamente, en eliminar o mitigar sus contenidos fascistizantes, presentes sobre todo en las referencias a Falange. Según Román Gubern, el mismo cambio del título a Espíritu de una raza sirve ya para atenuar las connotaciones fascistas, al introducir un término de origen religioso. Podría ser, pero, en cualquier caso, hay cambios mucho más palpables en este sentido. Sin ir más lejos, en los títulos de crédito de Espíritu de una raza, el espectador se encuentra con que estos se han eliminado en su mayor parte. Según Ferrán Alberich, este cambio se hizo con el fin exclusivo de introducir el nuevo rótulo explicativo: hubo que acortar los títulos de crédito porque la duración de los mismos venía limitada por la duración de la música. Sin embargo, esta explicación se desmiente sola, puesto que en esta segunda versión la banda sonora ya no es la misma: han desaparecido las notas del Cara al Sol que se oían al iniciarse los títulos de crédito de la primera versión.

No es ésta la única referencia falangista que se elimina: brillan por su ausencia los saludos fascistas y los gritos de ¡Arriba España!. Asimismo, se elimina la escena en la que dos soldados cantan en la trinchera una jota dedicada a la Falange –véase el vídeo–, y los planos de archivo de aviones bombardeando Bilbao. En el desfile final, desaparecen los planos del retrato de José Antonio y de los obreros colocando la imagen de Franco en las calles de Madrid tras la entrada de los nacionales.

Lo que antes era fascista ahora es firmemente anticomunista: el general comunista que acusaba a Pedro Churruca –el antagonista de la película– de traición ya no le recrimina el no ser un auténtico antifascista sino un auténtico comunista. Este cambio en particular es la síntesis de todos los restantes: así, el bando nacional ya no es fascista y el gran enemigo, a su vez, queda reducido al comunismo.

La insistencia anticomunista es, de hecho, muchísimo más evidente en esta nueva versión. El rótulo nuevo que se le coloca a Espíritu de una raza reza así:

La historia que vais a presenciar no es un producto de la imaginación. Es historia pura, veraz y casi universal, que puede vivir cualquier pueblo que no se resigne a perecer en las catástrofes que el comunismo provoca.

Esto sirve, en la reescritura de la Historia que acompaña al lavado de cara de régimen, para presentar la guerra civil, en el contexto de la Guerra Fría, como el primer combate contra el comunismo, haciendo aparecer al Franquismo como precursor o visionario de la lucha de la posguerra.

En esta línea, hay también algunos cambios menos perceptibles pero no menos significativos. En el juicio de José, lo que en Raza era una acción vil y antiespañola se designará con el nombre mucho más politizado de revolución española, que remite claramente al comunismo. Asimismo, en su discurso final, Pedro Churruca ya no habla de materialistas sordos u hombres huecos, sino de comunistas bárbaros y ateos.

La cosa no queda ahí, puesto que para acercarse del todo a los fines perseguidos era necesario eliminar a su vez a otros enemigos: los que ahora se quería que fueran amigos. Se echan en falta, por tanto, las alusiones a la masonería en las escenas referentes a la Guerra de Cuba. Y por supuesto, ha desaparecido el papel que desempeñaban los Estados Unidos como potencia extranjera instigadora de la pérdida colonial.

Si no la han visto, no se la pierdan. Y si pueden comparar, mejor aún.

Uno: el brikindans

El debate sobre los nombres de calles que hacen referencia a personajes del franquismo es complejo, y nunca había sido intención de quien escribe entrar en él, por las múltiples aristas que presenta y por la propia incapacidad para formarse una opinión tajante al respecto. Sin embargo, un rápido buceo por las noticias del día no deja otra opción, siquiera sea por aquello de dar una apariencia de seriedad a esta entrada inspirada por una mamarrachada más de cuantas a diario protagoniza la llamada clase política de este país aún conocido como España.
En tanto en cuanto se considera que dar el nombre de alguien a una calle constituye un homenaje al personaje en cuestión, en principio el asunto parece admitir poca discusión: a cualquier demócrata le parecerá inadmisible caminar por una calle que lleve el nombre del Caudillo o de cualquiera de sus colaboradores. El problema, como siempre, es que las cosas no son necesariamente tan sencillas.
De un lado, y entra aquí la deformación profesional (preprofesional, más bien), porque los nombres de las calles son también Historia. Historia viva, si se quiere. Quitar todos los rótulos franquistas no va a borrar cuarenta años de nuestra Historia, por más que algunos parezcan empeñarse en ello. Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, y a veces una se pregunta si es mejor o peor tener de ello un recordatorio. A ningún historiador –a nadie, en realidad– debería escapársele lo mucho que nos dicen los nombres de nuestros espacios públicos sobre nuestro pasado: no sólo sobre la época en que vivieron los personajes, ideas o lugares que aparecen en los azulejos, sino también y muy especialmente sobre el momento en que se pusieron. Valgan como ejemplo aquellas avenidas bautizadas en conmemoración de los XXV años de paz tan celebrados por el Régimen–y no sólo: no olvidemos lo mucho que le gustaba esa paz a Víctor Manuel–, de las que ignoro si quedará alguna; pero también las infinitas vías de nombre más reciente, las de la Constitución o, más pintorescamente, las avenidas de la Mujer Trabajadora o las calles Asociación de Vecinos (no me lo estoy inventando). Y sin tanto tinte sociológico –pero también–, el hispalense Parque de María Luisa, que como cualquier sevillanito de a pie debería saber lleva ese nombre por algo. El caso es que cuando uno pasea por Sevilla puede preguntarse aún por qué esos jardines se llaman así, o qué importancia tuvieron en su días las asociaciones de vecinos para llegar a darle nombre a una calle (dejando aparte aquello de que el santoral y el repertorio se agotan). Pero ya no tendrá ocasión de interrogarse acerca de esa avenida que a una servidora siempre le suscitó de pequeña una enorme intriga, y que sólo años después –cuando ya no existía, o no como tal– acertó a desentrañar: Héroes de Toledo, se llamaba. La avenida en cuestión hoy lleva el nombre de Hytasa: Hilaturas y Tejidos Andaluces, S.A. Ante esto, me concederán que las dudas que aquí presento sobre lo que ganamos con el cambio son cuanto menos legítimas.
El otro problema, como suele ocurrir, es el de los límites. O el de los criterios. Hay casos evidentes, las avenidas del Caudillo y otras semejantes. Pero poco después empieza la confusión, y empieza precisamente porque la Historia está ahí y porque no hay manera de borrarla. Porque un hombre como Adolfo Suárez era quien era antes de ser quien todos recuerdan. Porque los alcaldes de cuarenta años de dictadura obviamente no fueron democráticamente elegidos, pero tal vez pese a ello fueran buenos alcaldes, o no lo fueran malos, o qué sé yo. Porque hay ediles socialistas con un historial en Falange. O desde otra óptica, porque está muy bien condenar sin paliativos a los líderes del alzamiento, pero qué me dicen ustedes de personajes como Largo Caballero y su apología de la Guerra Civil. Un botón como muestra de lo que podría convertirse en una lista interminable y en un debate estéril y agotador. Tengo familia en la calle Carlos Marx, que a muchos podría no hacerle gracia, imagino.

En fin, lo que al menos sirve de consuelo es saber que nuestros políticos mantienen vivo el interés por analizar con rigor todas las espinosas cuestiones que suscita este asunto, y que al menos cuando se cambien los nombres se hará desechando lo que fuimos por un reflejo fiel de lo que somos: bienvenidos a la calle Chiki-Chiki.

Lo que les decía. Historia viva.

Política exterior, economía y Realpolitik. Franco y los aliados

Hoy toca un poquito de Historia…

Nos guste más o menos, es obvia la estrecha relación existente entre economía y relaciones internacionales. Aun huyendo de reduccionismos marxistas que atribuyan todo el devenir histórico a las estructuras económicas, no hay duda de que estas juegan un papel fundamental en la política exterior de los Estados y, en un sentido más amplio, en la actividad política en general. Gabriel Tortella sostiene que la economía no es ningún deus ex machina, y trabaja con la tesis de que la esfera política tiene su propia dinámica, que en el corto plazo resulta decisiva, mientras que los cambios políticos profundos vienen determinados por la evolución económica. Se suscriba o no esta teoría, interesa resaltar que en cualquier caso la relación entre ambos campos es innegable. Por otra parte, esto no deja de ser evidente habida cuenta de que la división no obedece más que a consideraciones de carácter pragmático y convencional, destinadas a facilitar el estudio de la realidad acotando sus límites. Pero la realidad es una y caprichosa, y no se presta fácilmente a divisiones.
Estas observaciones generales resultan esclarecedoras si se aplican a lo que Tusell consideró la cuestión verdaderamente más importante desde el punto de vista historiográfico respecto del Franquismo, es decir, los factores que posibilitan explicar que el régimen se sostuviese durante cuarenta años. En este sentido, el contexto internacional y la economía, inextricablemente ligados como están, son claves necesarias para la comprensión del fenómeno. Más allá de los méritos o deméritos que quepa atribuir a los diplomáticos franquistas y al resto de hombres del régimen, de la inteligencia o justicia con la que se comportase –o no– este en lo relativo a la represión y el mantenimiento del orden público, de la valoración que merezcan sus relaciones con la Iglesia o la política educativa puesta en marcha por el poder; más allá de toda la serie de factores que, concatenados y entrelazados, definen y explican la evolución histórica de cualquier sistema político, lo cierto es que un factor ajeno al control del régimen, como era la situación internacional que comenzó a perfilarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, habría de resultar decisivo a la hora de perpetuar en el poder a Franco. A su vez, la evolución económica de la España franquista, favorecida por las condiciones internacionales de la Guerra Fría, afianzó el apoyo sociológico al régimen, contribuyendo también a su perduración.

El esquema sintético de lo ocurrido en la inmediata posguerra mundial sostiene que, tras la rendición de las potencias del Eje, el régimen franquista aparecía como el último reducto del fascismo recién derrotado, lo cual propició una política de aislamiento internacional del régimen. Esta afirmación genérica es válida, pero es también incompleta y matizable. Es cierto que en estos años de reorganización del orden mundial se puso en marcha con respecto a España una política combinada de gestos diplomáticos y medidas reales de presión; otra cosa bien distinta es calibrar la intensidad y duración reales de esta política.
En la Conferencia de San Francisco de junio de 1945, en la que se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, la delegación mexicana presentó una moción que en definitiva iba encaminada al aislamiento internacional de la España franquista. Esta moción era en buena medida resultado de las gestiones realizadas por la Junta Española de Liberación, máxima representación del gobierno republicano en el exilio en México, ante el Ministro de Relaciones Exteriores de este país. Los republicanos consiguieron que el delegado mexicano en San Francisco, Luis Quintanilla, presentase la moción que lleva su nombre, cuyo contenido estipulaba la imposibilidad de que formasen parte de la Organización de las Naciones Unidas países con regímenes que hubiesen sido establecidos con ayuda de las naciones del Eje. La moción Quintanilla, aprobada por aclamación, iniciaba una ofensiva contra el régimen que se vería ratificada en Potsdam cuando Stalin, Truman y Attlee declarasen en su comunicado final que el gobierno español,

establecido con ayuda de las potencias del Eje, no posee, en razón de sus orígenes, de su carácter y de su estrecha relación con los países agresores, las cualidades necesarias para justificar su admisión en las Naciones Unidas.

Daba así comienzo lo que dio en conocerse como la “cuestión española”, que en años sucesivos habría de convertirse en asunto frecuente de discusión en el seno de las Naciones Unidas. En febrero de 1946, la Asamblea General aprobaba en Londres, a propuesta de Panamá, su Resolución 32 (I), que condenaba expresamente el régimen franquista por no representar al pueblo español y solicitaba a los países miembros que en sus relaciones con Madrid se atuviesen al espíritu de la Carta de la ONU. En abril, Francia cerraba su frontera con España tras la ejecución por parte del régimen franquista de un grupo de guerrilleros. Unos días más tarde, el país galo hacía una declaración conjunta con estadounidenses e ingleses, según la cual España no podría esperar relaciones cordiales con los antiguos aliados contra el fascismo mientras perviviese el régimen de Franco.
Por añadidura, ese mismo año se crearía en el Consejo de Seguridad un subcomité específico para examinar si España constituía una amenaza para la paz y la seguridad mundiales. Fueron Francia, la URSS, Polonia y Australia los principales países instigadores de esta medida. Los Estados Unidos enviaron al subcomité un memorándum en el que se afirmaba que la economía española se encontraba demasiado debilitada como para suponer una amenaza; así, el subcomité no decidió finalmente que el régimen fuese un peligro internacional, aunque sí instó en su dictamen final a la ruptura de relaciones diplomáticas con España. La Resolución 39 (I) de la Asamblea General, aprobada el 12 de diciembre de 1946 con 34 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones, declaraba que la ONU estaba

convencida de que el gobierno fascista de Franco en España, que fue impuesto por la fuerza al pueblo español, con la ayuda de las potencias del Eje, y que prestó considerable apoyo material a esas potencias durante la contienda, no representa al pueblo español y que su continuado dominio de España hace imposible que ese pueblo participe con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales.

En consecuencia, recomendaba

prohibir al gobierno de Franco pertenecer a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas o relacionados con ellos [y] que todos los Estados Miembros retiren inmediatamente sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid.

El año 1946 se cerraba así con una dura condena internacional al régimen y con las medidas de repudio diplomático descritas. Pero la cosa no quedaría en una mera exhibición de gestos: mucho más importante a efectos reales resultó la exclusión de España del Plan Marshall. De hecho, la recomendación de la Resolución 39 (I) tendría entre sus consecuencias la de retardar cualquier posibilidad de ayuda económica procedente de Washington, lo cual contribuiría al deterioro de una economía que desde el final de la Guerra Civil encontraba enormes dificultades para sostenerse. En efecto, el gobierno americano había detenido toda forma de ayuda exterior al régimen, negándose a conceder créditos oficiales y prohibiendo que se vendiesen a compradores españoles excedentes de propiedad pública, al tiempo que los entes gubernamentales estadounidenses reducían al mínimo la adquisición de productos españoles. Ello había provocado la retracción del crédito privado y de las exportaciones a España, hechos que vinieron a sumarse al impacto de una cosecha catastrófica y a la circunstancia de que el país había agotado prácticamente las existencias de carburantes líquidos, agravándose el problema por unos retrasos en el suministro de fueloil y gasoil americanos. Así, la situación económica española era francamente crítica en los momentos en que se ofreció a Europa el Plan Marshall.
No es de extrañar que el régimen viese en el Plan de Recuperación Europea la posibilidad de reincorporarse al mundo exterior y la de salir del atolladero económico en que se hallaba. En efecto, desde Madrid se veía en el Plan la posibilidad de España de participar en la reconstrucción europea y por tanto en la distribución de materias y productos intercambiables. Se podría así reactivar el comercio con la parte de Alemania ocupada por los aliados occidentales; acceder a créditos en dólares en una época en que estos eran un bien escaso; adquirir los productos alimentarios de los que tan necesitado estaba el país; importar bienes de equipo; y facilitar en definitiva la recuperación económica y las relaciones comerciales con otros países europeos. Al mismo tiempo, la inclusión en el Plan Marshall minaría las bases del aislamiento diplomático y la actividad de los adversarios del régimen en el seno de la ONU y supondría, es evidente, una clara mejora en las relaciones con los Estados Unidos.
No habría de ser así. Al cabo de un complejo proceso en el que los diplomáticos españoles intentaron gestionar por vías indirectas la inclusión del país en el Plan, las esperanzas del régimen se vieron defraudas al mostrarse los Estados Unidos dispuestos a ello sólo en caso de no tropezar con oposición entre el resto de los países europeos receptores de ayuda. A pesar del exitoso acercamiento de la diplomacia española a países como la Portugal de Salazar, lo cierto es que la mayoría de los futuros beneficiarios del Plan Marshall, y muy significativamente Inglaterra y Francia, no se mostraron dispuestos a colaborar. Así pues, España quedaría definitivamente excluida del maná que habría supuesto la ayuda americana.
Franceses e ingleses mostraron su oposición a la inclusión del país en el Plan de Recuperación, pero lo cierto es que ambos reanudarían ese mismo año sus relaciones comerciales con la España de Franco: en febrero, Francia reabría la frontera con España. Unos meses más tardes, sendos acuerdos comerciales con galos y británicos rompían el cerco exterior: este, en sus manifestaciones más extremas, había durado poco más de año y medio.
En realidad, ni siquiera durante ese tiempo había sido total: en efecto, las amistosas relaciones con la Argentina de Juan Domingo Perón habían deparado al régimen una importantísima ayuda económica ya en 1946. El 30 de octubre de aquel año, España y Argentina firmaban un Convenio Comercial y de Pagos, en virtud del cual España recibía un crédito de 350 millones de pesos destinado a comprar a Argentina 400.000 toneladas de trigo, 120.000 de maíz y otros alimentos y materias primas. Además, Argentina adquiriría corcho, plomo, aceite y manufacturas a precios muy beneficiosos para España.
En lo que respecta a la actitud de ingleses y franceses, la ruptura del cerco comercial por parte de ambos evidenciaba que se habían impuesto en ambos países consideraciones de interés nacional por encima de la repugnancia ideológica que pudieran sentir hacia el régimen franquista. En efecto, tras la Resolución 39 (I) los británicos hicieron todo lo posible por evitar la imposición de sanciones económicas a España, conscientes como eran de que un bloqueo podría comprometer gravemente su propia recuperación. Para el Reino Unido eran esenciales diversas exportaciones de frutas españolas, así como el abastecimiento de potasio y muy especialmente de piritas, ingredientes necesarios para el programa de fertilizantes que el gobierno británico se proponía poner en marcha. Y sobre todo, los británicos compraban a España tres materias primas que habría sido muy difícil sustituir: mineral de hierro para la industria metalúrgica, resina sólida y corcho. A esto se sumaban las relaciones financieras entre ambos países, habida cuenta de las reservas de libras esterlinas que España acumulaba, de los créditos que el país adeudaba al mercado bancario inglés y de la necesidad de asegurar un futuro óptimo a las inversiones inglesas en España. Por otra parte, los cálculos del Economic Intelligence Department parecían augurar que el régimen podría ser capaz de aguantar aun a pesar de producirse un bloqueo que en tal caso resultaría fútil, máxime teniendo en cuenta la ayuda argentina. Estos planteamientos explican la firma de un acuerdo monetario para regular el comercio entre ambos países.
También los franceses tenían fuertes intereses en España, donde las inversiones galas representaban en 1946 la mitad de la inversión extranjera. Además, el cierre de la frontera estaba suponiendo importantes pérdidas en la balanza comercial francesa, que llegaban a la cuantía de 300 millones de pesetas; por añadidura, había impuesto la necesidad de prescindir de determinados alimentos y bebidas tradicionalmente importados de España y la pérdida de un comprador importante de los fosfatos y minerales procedentes del Magreb. Aún más importante era la necesidad de colocar en el mercado español su producción industrial. La conveniencia de reabrir la frontera y de suscribir un acuerdo comercial, tal como se hizo en 1947, era evidente.
El aislamiento internacional, por tanto, no fue nunca completo, y ya en 1947 su existencia resultaba bastante dudosa. Sin embargo, a estas alturas los principales países europeos –a pesar de los acuerdos económicos– aún se mostraban lo suficientemente reacios a mantener relaciones normales con España como para impedir, como de hecho hicieron, su inclusión en el Plan Marshall. El Franquismo se vería por tanto obligado a resistir un poco más. Pero las tornas estaban a punto de cambiar.
En ese cambio de tornas entran la guerra de Corea y las consideraciones estratégicas para un plan de defensa occidental en los momentos más calientes de la Guerra Fría, y los consiguientes pactos de Madrid para la instalación de bases militares estadounidenses en España. Y una ayuda económica que sentó las bases para la puesta en marcha del Plan de Estabilización y para el desarrollismo de los sesenta. Y una España que, viendo mejoradas sus condiciones materiales de vida, no se puede decir exactamente –por más que algunos se empeñen ahora en contarnos lo antifranquista que era este país– que se desviviese por aquello tan abstracto y lejano de la libertad.
Las verdades sobre el ser humano son a veces bastante feas. Pero ahí están.

[Para saber más cabe recomendar, entre otros muchos, a Ángel Viñas y Florentino Portero.]

Hasta la bandera

No le perdono a la derecha que se haya adueñado de la idea de España, ni a la izquierda que se lo haya permitido.

Arturo Pérez-Reverte

Ante tanta guerra de banderas, una no puede dejar de preguntarse cuánto tiene realmente de artificial el debate –por más que Zapatero diga que lo es– y cuánto hay de verdades de fondo en lo que dicen unos y otros. Y de verdades a medias, claro. Y de mentiras descaradas.
Para alguien a quien las banderas no le importan demasiado, este tema parece sacado de quicio y de entrada habría que darles la razón a quienes dicen que todo esto es un invento del PP para arremeter contra el gobierno. Una excusa más. Pero ocurre que la reflexión pausada y sin prejuicios lleva a la mente por otros derroteros.
Dejando aparte la afición de cada cual a las banderas, agradecería que alguien me explicase por qué el gobierno de todos los españoles se resigna a dejar que no se cumplan las leyes (me refiero, claro está, a aquella maravillosa intervención de Bermejo) que exigen que la bandera nacional ondee con el resto en todos los ayuntamientos. Se pregunta una también por qué no se ven nunca banderas españolas en manifestaciones izquierdosas, mientras que es de lo más frecuente verlas de la Cuba dictatorial, de la ya extinta URSS –también muy democrática, como todos sabemos– o de aquel régimen que se implantó en el solar patrio y que, buenas voluntades aparte, tuvo el dudoso buen gusto de ser patrimonializado por los primeros que en él ocuparon el poder –de algunos de los cuales, por cierto, también cabría dudar en lo que respectaba a su talante democrático–. Si es tan habitual que se porten todas estas enseñas en actos reivindicativos, determinada izquierda tendrá que dejar de alegar que es que no le gusta todo lo que implican las banderas. Habrá que pensar que lo que no le gusta es lo que implica la bandera española.
Y entonces volvemos a lo de siempre. El argumento peregrino de que es que “esa es la bandera de Franco” descalifica de entrada a quien lo usa, porque semejante incapacidad de abstracción –sí, son los mismos colores: ¿y qué?– ante lo que no es más que un trozo de tela no dice demasiado en favor de nadie. Connotaciones sentimentales aparte –que las hay y son todo lo legítimas que es cualquier sentimiento, pero que no deberían estar en la base de actitudes políticas–, lo cierto es que la bandera constitucional representa al país y al conjunto de sus ciudadanos. Que optemos por no llevarla me parece muy respetable: de hecho, a mí difícilmente se me verá con una, porque no soy de las que andan reivindicando lo obvio. Salvo que un día me canse, claro. O que un día lo obvio deje de parecer tan obvio, como parece que ocurre en determinados círculos. Porque igual de respetable debería ser la opción de portar la bandera nacional; desde luego, lo que no se entiende es que en sí misma la enseña constituya un síntoma de ultraderechismo o de quién sabe qué terribles dolencias psíquicas, siempre según la misma gente que opina que son maravillosas algunas de las otras telas de colores ya mencionadas, a las que cabría sumar las ya cansinas senyera e ikurrina. (Nótese que mantengo la grafía de los idiomas respectivos, no vaya a ser que me acusen de fascista intransigente.)
La derecha se ha adueñado de la bandera, se dice. No deja de ser cierto, como lo es que Rajoy y sus compañeros de partido están aprovechando el tema para tener un reproche más que hacerle al gobierno. Pero he dicho que están aprovechando el tema, no que lo estén creando. Porque si es cierto lo anterior, no lo es menos que cierta izquierda parece tenerle alergia a la palabra España y a sus símbolos constitucionales, y que a juzgar no ya por la existencia o no de grandes gestos patrióticos (que son lo de menos), sino directamente por algunas de sus políticas concretas, el Partido Socialista Obrero Español quizá sea de todo menos Español (también es de risa aquello de que es Socialista y Obrero, pero bueno). O que al menos esto cabe opinar de quienes ahora mismo lo representan (sí, dicho sea de paso: creo que hay otro PSOE; lo que no sé es dónde está escondido). ¿Hasta qué punto es lícito quejarse de que la derecha ha patrimonializado los símbolos nacionales, si la izquierda los ha despreciado?
Lo malo es que la cosa no se queda en los símbolos. Los símbolos, al fin y al cabo, son lo de menos. Y conste –tal como andan las cosas, hay que dejar estas cosas claras– que cuando hablo de España no me refiero a ese ente trascendental que una gran parte de la derecha identifica con el nombre (como una gran parte de la izquierda identifica otras banderas con otras nociones trascendentales: no tiene más sentido una cosa que la otra, ni es menos dañina). Cuando hablo de España me refiero a la nación de ciudadanos. Aquel invento de la Revolución Francesa. Aquello que en un pasado ni siquiera tan lejano era tan de izquierdas.
Qué tiempos aquellos.

Pasado imperfecto

Ando leyendo estos días diversos textos bastante críticos para con la intelectualidad francesa del último medio siglo. Se trata de cosas que han caído en mis manos como por casualidad, pero que no han tardado mucho en despertarme un fuerte interés por el asunto. La dimensión histórica del mismo, sin duda fascinante, no lo es menos que los paralelismos que vienen a la mente y que pueden invitar a la reflexión acerca de situaciones que ni siquiera son análogas ni comparables, pero que en ocasiones presentan similitudes en algunos aspectos.

“El mito inicial de posguerra sostenía que si bien la resistencia combativa podía tal vez haber sido una minoría, contó con el apoyo y la ayuda de la ‘masa de la nación’, unida en su deseo de lograr la derrota de los alemanes. Sólo Laval, Pétain y sus esbirros tuvieron otros sentimientos y actuaron de otro modo. Ésta era la postura oficial de los comunistas. De ello se hicieron eco en gran medida los gaullistas, quienes insistieron a su vez en que la resistencia había sido un reflejo natural de una nación fiel a sus tradiciones históricas; se resaltó de manera especial la ‘insurrección’ del verano de 1944 como ‘una marejada popular que sobrepasó en sus dimensiones todas las revueltas similares que se dieron en nuestro pasado’. Aunque desde el principio hubo algunos que reconocieron lo pequeña y reducida que había sido la resistencia, su voz quedó ahogada por el coro de la mutua admiración. En un libro publicado en 1945, Louis Parrot escribió acerca del ‘heroísmo puro’ de Aragon y de su mujer, Elsa Triolet, así como del ‘coraje audaz’ de Paul Éluard, y del ‘juego sutil y peligroso’ que desplegó Jean-Paul Sartre al practicar la ‘clandestinidad abierta’ ante las propias narices de las autoridades de la ocupación. Todo esto es morralla, cómo no, pero al menos es morralla de signo ecuménico: todos habían sido buenos.”
Tony Judt, Pasado imperfecto (Taurus. Madrid, 2007)

Pensaba al leer esto en los omnipresentes casos de amnesia colectiva o de tergiversación histórica, y en la tendencia contrapuesta que constituye esa insistencia tal vez excesivamente machacona en hacer culpables de determinadas tragedias o crímenes a generaciones posteriores que ni siquiera estaban vivas cuando aquéllos tuvieron lugar. Cuando se habla de estas cosas, se tiende a pensar en políticas oficiales o gubernamentales de la memoria y muy especialmente en los casos en los que éstas se imponen flagrantemente por encima de cualesquiera otras memorias e incluso de los hechos históricos contrastados. Cabe recordar, a estas alturas del discurso, que equiparar Historia y Memoria es caer en el disparate –amén de suponer, en el caso del historiador, una grave irresponsabilidad–.
Pero el olvido colectivo, o la reivindicación de una memoria parcial, tergiversada o incompleta, no es patrimonio exclusivo de las maquinarias de poder. No lo es la mitificación de la propia historia, como tampoco lo es la insistencia en lo trágico. Y quizá sean los casos en los que no se trata de una política oficial sino de una tendencia psicológica subyacente y “ciudadana” los más preocupantes de todos. De las cosas que interiorizamos es más difícil darse cuenta, y por ende mucho más complejo rebatirlas. Me viene a la mente el complejo de culpa de los jóvenes alemanes, personas de mi generación que a día de hoy no sólo se avergüenzan de la historia reciente de su país (algo bastante comprensible) sino que llegan a sentirse de algún modo responsables de aquello. O tal vez manchados por una carga genética defectuosa. Esto no sólo es injusto y bastante poco saludable, sino que puede resultar a la postre bastante peligroso al constituir previsiblemente un caldo de cultivo de reacciones extremas en sentido opuesto en el momento en que cunda el hartazgo.
En el otro extremo de la balanza está la idealización de la propia historia, ya sea la de un país, un colectivo, un partido o un bando. El texto ya citado acerca de la intelectualidad francesa es un caso bastante obvio, como lo es la tendencia aún generalizada entre muchos franceses a tachar el colaboracionismo de minoritario y anormal y glorificar al resistente y heroico pueblo galo.
Tenemos también buenos ejemplos patrios, a un lado y a otro. La Historia oficial franquista era eso, una Historia oficial, y sería difícil calibrar qué porcentaje de la población llegó a creérsela. Pero está escrita, es desmontable sin grandes esfuerzos y a día de hoy creo que pocas personas sensatas tienen interiorizado ese cuento, por más que Pío Moa y compañía se dediquen a resucitarlo con tan escaso criterio interpretativo como deontológico.
En el otro extremo está lo que nos cuentan de la República, que parte en demasiados casos del error fundamental del que hablábamos antes: la confusión entre Historia y memoria. No pretendo entrar en discusiones sobre leyes de memoria histórica y debates domésticos por el estilo, aunque adelanto que no me cabe la menor duda de que la gente –toda la gente– tiene derecho a saber en qué fosa común está aquel familiar asesinado hace sesenta años. Pero voy a otra cosa: a esa imagen de la Segunda República, reivindicada como el modelo en el cual basar la actual democracia, que tan a menudo olvida que aquel régimen, dotado –eso sí– de toda la legitimidad exigible, fue de todo menos democrático en su espíritu (no necesariamente en sus formas), entre otras cosas porque fue patrimonializada desde sus inicios por un único grupo. Olvidamos también demasiado fácilmente la constante lucha entre fracciones y la absoluta irreponsabilidad política de demasiados dirigentes, como olvidamos lo absurdo que resulta identificar al Partido Comunista –que veía en el régimen burgués un mero paso previo que además había que instrumentalizar para sus fines revolucionarios– con la República. Tan absurdo como identificarla con los movimientos de signo anarquista, que por naturaleza no podían defender una república (ni ninguna otra forma de Estado) más que, en el mejor de los casos, como mal menor. Olvidamos también que personajes como Largo Caballero estaban llamando abiertamente a la guerra civil desde antes de las elecciones de febrero de 1936.
Olvidamos, en suma, demasiadas cosas, quizá porque es reconfortante pensar que alguna vez hubo algo más parecido a lo que hubiésemos querido que aquello que efectivamente tuvimos durante cuarenta años. Y quizá el mayor problema de todos sea que tendemos a confundir las buenas intenciones con la realidad. Y a creérnoslo.


La abajo firmante

CONTRATO ÚNICO INDEFINIDO

UN CONTRATO PARA EMPLEARLOS A TODOS. Firma por el contrato único contra la dualidad y la precariedad en el mercado de trabajo.


A diferencia de la memoria, que se confirma y refuerza a sí misma,
la Historia incita al desencanto
con el mundo.
(Tony Judt)


Quien dice Historia dice sacrilegio.
(Tzvetan Todorov)


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